Movimiento Ciudadano (MC) impulsa la creación de una Ley del Ingreso Mínimo Vital en Situaciones Especiales, al defender que este es un derecho de las personas que perdieron su empleo y vieron afectados sus ingresos económicos y que deben recibir un apoyo monetario temporal por parte del Estado de al menos 3 mil 696 pesos mensuales y que beneficiaría a 20 millones de mexicanos.
En una conferencia virtual con el coordinador nacional de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, se definió a esta “situación especial” como aquella donde por cualquier tipo de contingencia o suceso imprevisto se ve afectada gravemente la economía nacional, la ocupación laboral y los ingresos o remuneraciones de las personas, tomando en cuenta indicadores de ocupación laboral, Producto Interno Bruto (PIB) y suspensión de actividades.
Acompañado del secretario general de MC, Jorge Álvarez Maynez, la senadora Verónica Delgadillo y Rodrigo Sampeiro, coordinador nacional de jóvenes en movimiento, señaló que este ingreso se perfila para quienes perdieron su empleo, quienes vieron disminuidos sus ingresos por la imposibilidad de realizar sus actividades laborales.
“Esto deberá ser verificable, pero la Ley se regirá por el principio de solidaridad y buena fe”, afirmó el también senador de la República.
Añadió que para su activación se pedirá al INEGI que diseñe, a partir de sus sistemas de información, un catálogo de grupos poblacionales y ocupacionales que en una situación especial serían vulnerables a perder sus ingresos por la suspensión de actividades.
Sobre el apoyo definió que se otorgarán 3 mil 696 pesos durante 3 meses a las personas beneficiarias, donde se podrá ampliar por dos meses más en casos específicos.
Clemente Castañeda informó que el impacto presupuestal proyectado será de 221 mil millones de pesos, lo cual equivaldrá al 1 por ciento del PIB y 3.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y el cual benefeciaría aproximadamente a 20 millones de personas.
Al respecto de su vigilancia, detalló que será el Coneval quien auditará permanente su implementación, el cual se otorgará mediante transferencia electrónica para facilitar su fiscalización.
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En este sentido, añadió que la Secretaría del Bienestar ejecutará la ley, el INEGI declarará la situación especial y definición de catálogo, el Coneval de su vigilancia y evaluación, mientras que el IMSS colaborará con información sobre empleo.
Además buscará la colaboración con los gobiernos de los Estados para definir grupos ocupacionales afectados y de la Cámara de Diputados para aprobar reasignaciones presupuestarias.
También, plantea reformas paralelas: reforma a la Ley General de Desarrollo Social para elevar a rango prioritario este tipo de programas y una reforma a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para facultar al INEGI en sus nuevas tareas
Se apuntó que este apoyo tendrá cuatro ventajas centrales, destacando paliar los dramáticos efectos que tendrá esta crisis en millones de personas, inyectar recursos a la economía nacional para su reactivación y recuperación a través del consumo, evitar que millones de personas engrosen las filas de la pobreza y dar un primer paso en la discusión de verdaderas políticas de bienestar de largo plazo en México.
