SANTIAGO. La acusación para destituir al mandatario de Chile, el conservador Sebastián Piñera, dio un importante paso a menos de dos semanas de los comicios presidenciales al ser aprobada en la Cámara de Diputados en una jornada maratoniana que mantuvo en vilo al país.
Tras un largo debate, los parlamentarios lograron reunir los 78 votos a favor que se requerían para que la acusación que busca la destitución de Piñera avanzara al Senado. Sesenta y siete diputados votaron en contra y tres de abstuvieron.
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Con este paso, el mandatario queda impedido de salir del país, pero puede seguir ejerciendo sus funciones hasta que la acusación llegue a la Cámara alta, que actuará como jurado para sellar el futuro de Piñera, primer presidente sometido a esta acusación en 31 años de democracia.
Según diversos analistas, la acusación no contaría con los 29 votos necesarios en el Senado para que el presidente sea destituido. La oposición tiene 24 escaños.
La acusación constitucional, como se conoce en Chile este recurso que busca la destitución del presidente -quien está en la recta final de su segundo gobierno iniciado en marzo de 2018-, fue presentada la primera semana de octubre por el arco de la oposición de izquierda, incluyendo el diputado socialista Jaime Naranjo.
“Estamos viviendo un momento histórico y ha sido posible con la unidad de la oposición”, dijo Naranjo, quien habló durante 15 horas en la sesión para leer mil 300 páginas de argumentos.
La táctica buscaba dar tiempo a que se sumara el diputado Giorgio Jackson, que estaba en cuarentena hasta la medianoche por haber estado en contacto con el candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric, quien dio positivo a covid-19.
“Lo que hemos visto ha sido un show”, dijo Juan José Ossa, secretario general de la Presidencia. “Sentimos mucha tristeza por esta herida que se le ha hecho al país”.
La investigación de los medios locales CIPER y LaBot, incluidos en los Papeles de Pandora, reveló que los hijos del mandatario vendieron la minera Dominga en 2010 al empresario Carlos Alberto Delano -íntimo amigo de Piñera- por 152 millones de dólares.
La operación se debía hacer en tres cuotas, y contenía una cláusula que supeditaba el último pago a “que no se estableciese área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas”.
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