CAMPECHE. Policías estatales informaron que, mediante una llamada telefónica, funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal se ofrecieron como mediadores para solucionar el conflicto entre funcionarios del gobierno de Campeche y elementos de seguridad de la entidad, derivado de lo ocurrido durante el operativo fallido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén del 15 de marzo, donde se registró un intento de motín.
Comentaron que se sienten amenazados por las declaraciones del consejero jurídico del gobierno de Campeche, Juan Pedro Alcudia Vázquez, quien asegura que los policías inconformes estarían incurriendo en delitos administrativos y penales.
Por lo que, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos de Campeche (Codhecam) que pida al Congreso estatal que a su vez llame a comparecer a los funcionarios de gobierno de la entidad para explicar “la razón de su negativa a cumplir las recomendaciones que les ha emitido”, relacionadas con las medidas cautelares indicadas por el organismo ante las posibles violaciones a sus derechos durante el operativo fallido del Cereso de Kobén.
La Codhecam emitió medidas cautelares al secretario de Gobierno, Armando Toledo Jamit, y a la secretaria de Contraloría, María Eugenia Enríquez Reyes, incluyendo la separación del cargo de los presuntos responsables del operativo fallido en el penal, para evitar posibles represalias contra los policías afectados.
Dicha solicitud fue recibida por la directora de Orientación y Quejas de la Codhecam, Carely González Hernández; y firmada por los siete policías cesados recientemente por la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC): José Alejandro Grajales Chab, Rodolfo Benjamín Uc Ku, Andoreni Clayderman Rivera Casanova, María Candelaria Castillo Pérez, Emmanuel Aguirre Cab, Ángel Atilano Estrada Maldonado, Martín Adán Naal Uicab.
Los siete policías responsabilizan del operativo fallido a Marcela Muñoz Martínez, secretaria de la SPSC; Alejandro Yosafat García Villalpando, subsecretario de Protección y Seguridad Ciudadana; Antonio Saradan Solís Santiago, director de la policía estatal; Víctor Hugo Sánchez Ortiz, director general de Asuntos Internos; Rafael Miranda Ortiz, director de Tránsito y Vialidad; Víctor de Jesús Contreras Ramírez, subsecretario de Participación Ciudadana y Atención a Víctimas; y Melissa García Servín, directora de Atención a Víctimas.
“Las amenazas han venido de menos a más y hemos sido reprimidos (…) Nos crearon carpetas de investigación ‘fast track’; no se está cumpliendo el debido proceso, nos enteramos (de haber sido cesados) por medio de un link que nos enviaron los compañeros; sin embargo, no hay nada formal en cuanto a notificación”, dijo el policia estatal José Alejandro Grajales Chab.
Mientras que Ligia Rodríguez Mejía advirtió que “si sigue la omisión de derechos humanos, iremos vía penal contra la titular”.
