Oscar Quiñones Gallegos, miembro del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción, deslindó al propio CPC de la petición que ha formulado la Secretaria Ejecutiva del SLA, Lourdes Murguía, para repartir un recursos entre el personal de esa oficina, y subrayó a la vez que existen una serie de irregularidades en las que ha incurrido la funcionaria, que encuadran en las hipótesis para solicitar su inmediata destitución.
En conferencia de prensa, Quiñones Gallegos, aclaró de entrada sobre la información que ha circulado en medios y que ha generado tendencia en redes sociales, relativa a la petición que de manera formal, con documentos, realizó la secretaria Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción, Lourdes Murguía, solicitando la repartición de recursos que en el supuesto sobraron de un presupuesto, en bonos para los trabajadores del SLA.
En este asunto –dijo el informante-, dejar en claro de una manera muy precisa, que esta petición es propia de la secretaria Ejecutiva del SLA, Lourdes Murguía, y el Consejo de Participación Ciudadana no forma parte de esta petición; “se trata de una solicitud hecha de motu proprio para que un recurso que se ahorró en el año, sea repartido como bonificación entre los trabajadores de la secretaría ejecutiva”.
Nosotros –recalcó- no estamos de ninguna manera de acuerdo en que esto se realice de esta manera; “ya no existen los bonos, hay leyes y normas de austeridad y no debe de repartirse este recursos”.
Para el CPC –dijo- es importante deslindarnos de esta petición, porque a fin de cuentas la sociedad considera que dentro de esos bonos va incluido el propio Consejo de Participación Ciudadana, y vale recalcar que esta situación es propia de ella, de la Secretaria Ejecutiva Lourdes Murguía, y tan es así que hemos tomado la decisión de realizar un acuerdo solicitando su destitución; “hay una serie de irregularidades que encuadran en las hipótesis para solicitar la destitución de la Secretaría Ejecutiva. Así lo vamos a hacer; sin embargo, esto no depende de lo que defina el CPC, sino que depende del órgano de gobierno, el cual es integrado por diferentes entes gubernamentales, como el titular del IDAIP, del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, la contralora del estado.
Es este órgano de gobierno, el que en un momento dado debe tomar la decisión de realizar esa destitución; “lo que sí como Consejo de Participación Ciudadana les vamos a pedir y exigir, es la renuncia de la Secretaria Ejecutiva del Sistema”, concluyó enfático Oscar Quiñones.
