El impacto en las empresas y en la economía de Durango por la pandemia del Covid-19 es severo: las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) están entre los grupos más vulnerables y afectados, principalmente por la reducción de la demanda, de sus ingresos y liquidez. Es este sector el que representa el 99% de las empresas locales por lo que si estos negocios desaparecen, se espera un fuerte efecto negativo en el ingreso de las familias que dependen de estos empleos.
Así lo advirtió el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap) en el estudio “Proteger el empleo y a los trabajadores”, realizado a propósito de la actual contingencia sanitaria y que se ha traducido también en una contingencia económica.
El sector de los servicios y comercio emplean a más de la mitad de los trabajadores duranguenses, el 99% de las empresas en Durango son MiPymes y ocupan al 60% de la fuerza laboral, además de que uno de cada 5 trabajadores en Durango es independiente y una cuarta parte de los empleos en la entidad trabajan en el sector informal, señaló el Inevap.
La generación de empleo en Durango presenta una tendencia decreciente, aun antes de la pandemia, alertó.
Las medidas de distanciamiento social y confinamiento —Intervenciones No Farmacológicas (INF)—, necesarias para limitar la propagación del virus, implican restricciones a la movilidad de las personas y cierre de espacios donde existiría interacción física. Estas medidas, que han sido la respuesta inmediata de los gobiernos para cuidar la salud de la población, tienen efectos drásticos en los negocios, pues su operación ha sido interrumpida parcial o totalmente, y con ello el trabajo de las personas, advierte el estudio.
“La pandemia afecta al empleo en todos los sectores económicos, pero no de igual manera. De inicio, porque algunas empresas deben detener sus operaciones dadas las restricciones sanitarias, mientras que otras deben continuar ya que se consideran esenciales. Así mismo, entre los sectores hay empresas que enfrentan una caída pronunciada en la demanda de los bienes y servicios que producen, como el turismo; mientras que otras afrontan problemas relacionados con la oferta de materiales y mano de obra, como la industria manufacturera o la construcción”, señala.
Además, incluso la pandemia afecta distintamente a empleadores, trabajadores independientes y empleados. Aunque todos pueden contraer el virus, no todos están expuestos a perder sus ingresos; por ejemplo, los trabajadores públicos, las empresas esenciales y el sector rural, parecen estar más seguros de conservar sus empleos o mantenerse operando.
El tamaño de los negocios también influye el nivel de daño económico que pueden soportar, pues la posibilidad de acceder al financiamiento es más amplia para las empresas grandes; además, la opción de trabajar remotamente no es posible para algunos negocios, ya sea por el acceso a la tecnología o porque la naturaleza de los procesos productivos lo impide.
Por ello, el Inevap refiere que proteger el empleo debería ser prioritario para que los efectos económicos de la crisis sean menores y la recuperación posterior sea más rápida.
“Las respuestas de políticas públicas de los gobiernos deben enfocarse en conservar los empleos e ingresos de las personas, lo cual pasa por asegurar la supervivencia de los centros de trabajo. Esto requiere utilizar los recursos e instituciones gubernamentales con creatividad e innovación; puesto que, ante escenarios extraordinarios, las respuestas ordinarias no funcionan”.
En este sentido dicho organismo autónomo agrega que para proteger el empleo y a los trabajadores, las intervenciones de los gobiernos deben enfocarse en que las empresas no desaparezcan, retengan los empleos durante la contingencia y puedan recuperarse luego de la crisis.
La pandemia provoca problemas de oferta y demanda para las empresas. Por el lado de la oferta, las empresas experimentan una reducción de los insumos y mano de obra disponibles y la interrupción de las cadenas de suministro, mientras que la caída de la demanda afecta severamente su liquidez.
La resiliencia y flexibilidad de las empresas son elementos necesarios para que se mantengan abiertas, pero no son suficientes. Los gobiernos deben dedicar esfuerzos para asegurar que las empresas —particularmente las MiPymes— sobrevivan, se recuperen y crezcan luego de la crisis.
Las estrategias de política pública deben soportar a las empresas para enfrentar sus problemas a corto plazo relacionados con la falta de liquidez que las llevaría a cortar empleos o cerrar.
En el mundo, los gobiernos han reaccionado de diferentes formas para apoyar al sector empresarial, sus estrategias han estado fuertemente dirigidas a apoyar a las MiPymes y pueden clasificarse en cuatro grupos: trabajo, aplazamiento, instrumentos financieros y políticas estructurales.
Las políticas públicas del trabajo se instrumentan mediante subsidios a las empresas para cubrir parcialmente el costo de la nómina o las cuotas patronales de seguridad social. El segundo grupo de estrategias se relacionan con la posibilidad de aplazar el pago de los impuestos sin incurrir en multas o recargos.
Los instrumentos financieros que los gobiernos pueden proporcionar a las empresas vienen bajo la forma de garantías, para que los bancos comerciales presten a los empresarios; o préstamos directos por el gobierno con intereses bajos o sin ellos. Finalmente, las políticas públicas estructurales se refieran al fortalecimiento de las empresas para abrirlas a otros mercados, facilitarles el trabajo remoto o capacitarlas para mejorar sus negocios.
Los efectos de la pandemia sobre las empresas se replican en el empleo. Las respuestas de política pública también deben considerar apoyar a los trabajadores, pues pueden ser despedidos, ausentarse de su trabajo o, si son independientes, dejar de trabajar o no tener clientes.
Las intervenciones de los gobiernos dirigidas a las empresas cubren gran parte del riesgo que enfrentan los trabajadores formales, ya que es más probable que sus fuentes de trabajo permanezcan abiertas o puedan regresar a sus posiciones laborales después de la crisis. Sin embargo, también es necesario proteger a los trabajadores por cuenta propia e informales.
El objetivo es evitar que los trabajadores —de cualquier tipo— caigan en condición de pobreza, la idea detrás de las opciones de política pública es proveerles ingresos de manera rápida y efectiva para solventar sus necesidades básicas inmediatas. Las estrategias para ello deben ser complementarias a los programas sociales de los gobiernos pues ahora se atiende a un sector de la población que antes no era tan vulnerable.
