El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), recibió la solicitud para intervenir en el probable acto de violencia política de género, cometido en contra de la diputada Sandra Amaya Rosales, registrado el martes pasado en el Congreso Local.
A través de un comunicado, el organismo informó que por ahora no es posible que los integrantes del Consejo General adelanten el resultado del procedimiento legal que se seguirá luego de haber interpuesto de manera formal dicha solicitud, aunque se advierte que en caso en caso de encontrar alguna violación flagrante, “la Comisión de Quejas y Denuncias tiene la facultad de emitir medidas cautelares para poder detener actos de violencia, con las etapas que legalmente son procedentes”.
Por lo que de ser admitida la solicitud, se tendría que desahogar y eventualmente tratar en el Consejo General del IEPC, mismo que emitirá la resolución que proceda.
“Para poder determinar la existencia de violencia política de género en contra de una mujer, será necesario acudir a las leyes nacionales en la materia que recientemente se han aprobado”, se lee en el documento.
Asimismo, dicho consejo se comprometió a resolver el caso apegado a derecho y dentro de los principios de la certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad e independencia.