GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- La Fiscalía General de Durango determinó continuar los procesos de judicialización en dos casos donde jóvenes postearon en redes sociales su imagen portando un arma de fuego que en una de ellas era de juguete y la otra aún no se ha podido decomisar el arma, ambos de la Región Laguna y uno de la ciudad capital.
Lo anterior lo declaró en su reciente visita a esta ciudad la fiscal general Ruth Medina Alemán, quien dejó en claro la importancia de las denuncias que en su momento hicieron las autoridades educativas.
Por lo anterior, indicó que ante las denuncias un juez determinará medidas disciplinarias que deben seguir tanto padres de familia como los jóvenes que semanas atrás publicaron en redes sociales amenazas de presunto tiroteo en escuelas en Gómez Palacio.
La funcionaria estatal recordó que en el primer hecho de un menor de Gómez Palacio que provocó la movilización de corporaciones se realizó el protocolo de investigación que se utiliza para los casos de jóvenes con conflictos con la ley y con el apoyo de los padres de familia se determinó que no era un riesgo ni para él ni para sus compañeros de escuela (Cbtis 47) y que el arma que portaba era de utilería.
Respecto al segundo caso de la menor (del Cetis 88) quien también había posteado una fotografía con un arma pero la publicó el año pasado sin embargo retomó la publicación, sin embargo aún no se ha podido decomisar la misma pero tenemos la presunción que sea real.
Manifestó que las pruebas aplicadas que son perfil sicológico a la joven estudiante, también corroboran que no representa un riesgo ni para su persona ni para terceros, pero aún así se determinó judicializar la carpeta de investigación con el fin de que tanto los jóvenes como los padres pudieran estar en terapias y tengan medidas disciplinarias impuestas por un juez sancionador y que ya no lo vuelvan a hacer.
El tercer caso que se ubicó en la ciudad de Durango, el alumno responsable de la publicación sí dio positivo a conductas que pudieran poner en riesgo su integridad, según lo que arrojó los estudios sicológicos aplicados.
Para concluir, Ruth Medina indicó que lo correcto es que los directivos de los centros educativos presenten la denuncia correspondiente por estos hechos, ya que con ello nos permite a la autoridad intervenir y establecer medidas de prevención e inhibir este tipo de conductas, pero también los padres se deben involucrar en estas acciones que a fin de cuentas son en beneficio de sus hijos.
