Desde el 28 de agosto pasado que arrancó el ciclo escolar 2023-2024 a la fecha, alumnos de la Escuela Primaria José Soto, respaldados por sus maestros, vecinos y padres de familia, siguen tomando sus clases en un terreno de manera improvisada, y frente a las instalaciones de la escuela, misma que fue cerrada por decisión de las autoridades para utilizar el espacio como oficinas administrativas.
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Los padres de familia insisten en que fue una decisión arbitraria, y esperan que se les fundamente conforme a derecho, porque en esa escuela se tiene la atención a niños con discapacidad, son 40 los alumnos que acuden diariamente a clases en el terreno improvisado, y algunos vecinos les permiten ingresar al baño cuando así lo requieren, aseguran que tienen el respaldo de la sociedad que se ha solidarizado con el caso, incluso les han llevado desayuno.
Entre vecinos, padres de familia y abuelos de los menores, cuidan la seguridad, mientras se encuentran en horario de clase cierran la calle Pereyra, para hacer saber que hay menores cerca tomando clase, en otro domicilio, está la dirección u oficina de la escuela, aunque la directora ya no se presentó.
Una persona adulta mayor que cuida el cierre de la calle, mencionó que es abuela de un menor con autismo que acude a la escuela, y expresó, “me parece muy mal que hagan eso, porque hay pocas escuelas que reciben a niños con alguna discapacidad, y ahora resulta que cierran una, no lo vamos a permitir, y aquí vamos a seguir".
Por su parte la madre de familia, Ivonne Reyes Martínez, quien ha encabezado las acciones realizadas por los padres de familia, explicó que a pesar de que el edificio se encuentra cerrado, la matricula, clave de la escuela, y el personal docente, está reconocido en plataforma, los maestros también siguen ahí dando clase, además los documentos de los menores están retenidos en el edificio, y no pueden hacer trámites formales.
“No está fundamentado en ley el cierre del edificio, les estamos pidiendo que por favor fundamenten que se podía cerrar, no lo han hecho y no lo van a hacer, el juez no ha otorgado todavía una resolución definitiva, estamos apelando a violaciones graves de derechos humanos, delitos en contra de los niños, entonces vamos a seguir esperando una respuesta definitiva para saber qué es lo que sigue".
Respecto a que pueden inscribirse en la institución que deseen, expresó “es mentira que podemos inscribirnos en cualquier escuela, porque sí hay otras escuelas que reciben a menores con alguna discapacidad, pero también tienen la intención de cerrarlas, entonces no los están aceptando y menos a los niños que son de esta Escuela Número 13".
Y aseguró que seguirán apelando a que el edificio se abra, "ya hay más de siete expedientes o denuncias, que se llevaron a la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, en la Conapred, SIPPINA Nacional, Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y fue atraída por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque consideramos que hay irregularidades en la Comisión local, en la Secretaría de Educación Pública y un acercamiento con la Secretaría de Gobernación".
