La iniciativa de la Ley de Amnistía para el estado busca subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación y la exclusión social, lo que provoca que mujeres, jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores, destacó la diputada morenista, Sandra Amaya Rosales, al realizar la ampliación de motivos en la sesión ordinaria.
“El grupo parlamentario de Morena, además de reafirmar el compromiso hacia el gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continuamos impulsando acciones que permitan que los que menos tienen se les garantice una vida digna, con derechos plenos y se les realice justicia para que puedan tener una vida libre de temor”, resaltó en la tribuna del Congreso del Estado.
En este sentido, informó que el sistema de justicia penal en México, a pesar de la mejora que ha tenido con la adopción del sistema penal acusatorio, ha generado una cantidad considerable de víctimas de violaciones a los derechos humanos, entre los que se destacan trasgresiones al debido proceso, la libertad y a la integridad personal.
Por ello, Amaya Rosales explicó que la amnistía es un instrumento que tiene por objeto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal y en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal cometida.
“Hoy quienes integramos el grupo parlamentario de Morena estamos presentando la iniciativa que contiene el proyecto de Ley de Amnistía para nuestro estado, misma que constituye la oportunidad para remediar injusticias cometidas al amparo del sistema de justicia penal”, reiteró la legisladora.
Al respecto, informó que el INEGI ha elaborado un censo donde se da cuenta de la relación que existe entre la pobreza y la injusticia, y a su vez entre la marginación y la denegación de la justicia; así como los excesos que conlleva la aplicación de una justicia que ignora las condiciones de desigualdad que aun padecen millones de mexicanos; entre las que destacan las mujeres que sufrieron algún abuso sexual y quedaron embarazadas.
Así como las personas indígenas que en muchos casos no se les proporciona una defensa oficiosa adecuada o algún traductor que maneje su lenguaje a fin de que ellos logren entender la situación jurídica en la que se encuentran, por lo que se busca subsanar estas injusticias.
De esa manera, se pretende decretar amnistía en favor de todas las personas en contra de quienes se haya ejercido o pudiera ejercerse acción penal ante los tribunales del fuero común, que no sean reincidentes respecto al delito indiciado antes de la entrada en vigor de la presente ley.
