* Entre 2012 y 2016 se detectaron 156 casos de violenciapolítica contra las mujeres y, la mayor incidencia de éstosocurrió en el proceso electoral de 2015, revela la Fepade
- Nidia Marín
La misoginia política se incrementa en la República Mexicana(representada, además, por las denominadas “juanitas”).
¿Ejemplos? Una aspirante fue azotada por su abuelo frente a lasautoridades; a otra le dijeron “pendeja” y la insultaron porhoras, presuntamente por parte de un magistrado, además deamenazarla; a una más, le hicieron cansado el papeleo y leocultaron información; a la candidata que ganó la obligaron arenunciar…
Hubo a quien le colocaran en puentes peatonales pancartas, comola que rezaba: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en elrincón” y otra en la que se leía: “la panocha en las coyotas,¡no en palacio!” (panocha es el dulce de piloncillo con el quese rellenan las “coyotas”, un postre tradicional sonorense,pero también son los órganos femeninos). Y en el colmo, unaaspirante fue secuestrada. ¡Ufff!
Esto ocurrió en los Estados de Oaxaca, Quintana Roo,San Luís Potosí, Chiapas, Sonora y Guerrero,respectivamente.
Pero no son todas éstas, las entidades que tienen el cetro dela misoginia política, sino la Ciudad de México, Tlaxcala,Chiapas y Oaxaca. Concentran el mayor número de denuncias en elnuevo Sistema Penal Acusatorio de Violencia Política contra lasMujeres.
Conforme a estadísticas de la Fiscalía Especializada para laAtención de los Delitos Electorales, entre 2012 y 2016 sedetectaron 156 casos de violencia política contra las mujeres−no averiguaciones previas y carpetas de investigación- y, lamayor incidencia de casos ocurrió en el proceso electoral de 2015,año en cual se realizaron elecciones en todo el país.
Una de las explicaciones que se aducen sobre el incremento dedicho delito (de acuerdo con el análisis del Instituto BelisarioDomínguez del Senado de la República, dado a conocer en elnúmero 122 de “Mirada Legislativa”) tiene que ver con que,derivado de la reforma político-electoral de 2014, aumentó laparticipación de las mujeres en los procesos electorales federalesy locales al adoptar la paridad en la postulación de candidatos alos cargos de elección popular para la integración del Congresode la Unión y los Congresos de los Estados, así como para losayuntamientos.
Ha sido tal la agresión política contra las féminas que, paralas elecciones de junio de este 2017, autoridades electorales einstituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de Méxicohan unido esfuerzos para prevenir casos de violencia políticacontra candidatas a cargos de elección.
Además, como señala el propio IBD, en reconocimiento de que laviolencia política contra la mujer es un obstáculo que persistepara el ejercicio en los derechos político-electorales de ellas,el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF),el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializadapara la Atención de Delitos Electorales (Fepade), laSubsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría deGobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención aVíctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicarla Violencia contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional delas Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos deViolencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra),construyeron y firmaron en 2016 el Protocolo para Atender laViolencia Política contra la Mujer.
En México, advierte “Mirada Legislativa”, en sus datosrelevantes, la Ley General en Materia de Delitos Electorales notipifica la violencia política de género.
Recuerda que el 9 de marzo de 2017, el Senado aprobó elproyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos,a fin de prevenir, atender y sancionar dicho delito, así comopromover y proteger los derechos político-electorales de lasmujeres. La minuta se envió a la Cámara de Diputados paracontinuar su proceso legislativo y ahí permanece, no obstanteque...
De acuerdo con la Fepade, entre 2013 y 2016 se detectaron 416expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación)que podrían constituir violencia política de género. De éstos,más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016.
Por si fuera poco, de los casos de denuncias por violenciapolítica de género, 10 son sobre hechos que lesionan directamentelos derechos político-electorales de las mujeres indígenas,según información de la Fepade.
Y es que, no obstante que el mayor porcentaje de votantes en laRepública son mujeres, no existe un marco normativo integral y depolíticas concretas en la materia.
“En nuestro país, la Ley General en Materia de DelitosElectorales no tipifica la violencia política de género, por loque no ha sido tarea fácil para las autoridades electoralesperseguir y sancionar los hechos que podrían constituir violenciapolítica y, especialmente, la violencia política contra lasmujeres por razón de su sexo”, precisa.
De ahí la minuta que yace en San Lázaro, independientemente deque la Fepade, como organismo responsable de atender lo relativo alos delitos electorales, ha señalado algunas conductas quepodrían catalogarse como violencia política.
SIETE PECADOS ELECTORALES EN CONTRA DE LASMUJERES
El pasado enero (2017), la Fiscalía publicó el Informe sobre laatención de Violencia política contra las mujeres. Diagnóstico yAvances (2013-2016), en el que señalan las siete conductasdelictivas que implican violencia política:1 Obstaculizar o interferir en el desarrollo normal delas votaciones.
2 Impedir la instalación o clausura de una casilla(violencia como agravante).
3 Realizar actos que provoquen temor o intimidación enel electorado.
4 Hacer mal uso de materiales o documentos públicoselectorales, apoderamiento.
5 Hacer mal uso de equipos o insumos necesarios para laelaboración de credenciales.
6 Obstruir el desarrollo normal de la votación. Así comoejercer presión en ejercicio de sus funciones, sobre loselectores.
7 Obstaculizar el desarrollo normal de la votación oejercer violencia sobre los funcionarios electorales.
TESTIMONIOS SOBRE LAS AGRESIONES
Los ejemplos abundan, pero “Mirada Legislativa” se detienesolo en algunos casos de violencia política (espeluznante) contralas mujeres, cometida, de acuerdo a la Fepade, durante el procesoelectoral federal de 2015 y los procesos locales ordinarios yextraordinarios de 2016:
Oaxaca
La autoridad citó a Gabriela Maldonado Rivera en el PalacioMunicipal de San Martín Peras, donde la llevaron en patrullas. Enel lugar se encontraba su abuelo, quien fue obligado a azotarla conun látigo por haber retado a una autoridad, mientras los policíasla ataron de pies y manos. Los golpes duraron hasta que la mujermixteca quedó inconsciente. La agresión derivó de su interéspor participar en política. La Defensoría para los DerechosHumanos del Pueblo de Oaxaca inició el expediente de quejaDDHPO/SJ/56/ /OAX/.
Quintana Roo
El 31 de agosto de 2016, Claudia Carrillo Gasca presentó unadenuncia en su calidad de consejera del Instituto Electoral deQuintana Roo, en contra de diversas autoridades de la entidad,incluidos algunos consejeros y representantes de partidospolíticos que forman parte del órgano electoral local, por actosque consideró constitutivos de violencia política. En sudenuncia, la consejera narró detalladamente treinta y dos hechosen su contra. Por poner un ejemplo, mencionó haber sufridoamenazas en los siguientes términos:
“…Inmediatamente, al salir de la oficina del referidomagistrado, me llamó a mi número privado de celular el lic. […]para decirme que el Magistrado Presidente… ya le había dicho queme puse pendeja (sic), infiriéndome diversas groserías hacia mipersona, desvalorizándome por ser mujer, exigiéndome obediencia aél, al multicitado magistrado y al lic. […], GobernadorConstitucional del Estado; dicha llamada tuvo una duración deaproximadamente cuarenta minutos, donde no me dejaba hablar y meamenazaba que si colgaba la llamada me iría mal, a mí y a mifamilia, a lo que me dio temor pues soy madre soltera de una menorde siete años, es importante decir que testigos de la llamada enese momento se encontraban los consejeros…
* San Luis Potosí
Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de SanLuis Potosí, señaló ser víctima de violencia política porparte de los integrantes del Tribunal Electoral de la entidad y delsecretario general de Acuerdos, al impedir el correcto desempeñode sus funciones. Su denuncia resaltó la falta o retraso deconvocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, amenazas,supuestos bonos por productividad a sus compañeros que ella norecibe y la revisión de su computadora sin su consentimiento,entre otros actos.
Chiapas
El 25 de mayo de 2016, la presidenta municipal de Chenalhó fueobligada a renunciar a su cargo tras el secuestro de dos diputadoslocales del PVEM. Posteriormente, la Sala Superior del TEPJFresolvió la sentencia SUPJDC-1654/2016, por la cual se revocó eldecreto del Congreso local que aprobó su renuncia y demandóreincorporarla a su cargo. Asimismo, vinculó a las autoridades dela entidad para que proporcionaran las condiciones de seguridadnecesarias para que ella y su cabildo pudieran desempeñar suscargos.
Sonora
En abril de 2015 fueron colocadas dos pancartas en puentespeatonales del boulevard Luis Encinas con mensajes misóginos sobrela participación de las mujeres en el proceso electoral. Unaseñalaba: “Las mujeres como las escopetas, cargadas y en elrincón” y se ilustraba con la silueta de una mujer embarazada.Otra tenía la leyenda: “la panocha en las coyotas, ¡no enpalacio!”
Guerrero
El 11 de marzo de 2015 la precandidata por el PRD a la alcaldíade Ahuacuotzingo, Aidé Nava González, fue encontrada decapitadaen una comunidad de Tecoanapa, un día después de haber sidosecuestrada durante un acto político. Por su parte, el 12 de mayode 2015 la candidata a diputada local, Silvia Romero Suárez, fuesecuestrada mientras se encontraba en campaña electoral en losmunicipios de Arcelia y Tlapehuala. Un día después fue liberadapor sus captores.
De ahí que en sus consideraciones finales, Mirada Legislativaseñala lo necesario que resulta legislar en materia de violenciapolítica contra las mujeres, pues de ello depende que este sectorde la población esté en igualdad de condiciones con los hombrespara desarrollarse en el ámbito político-electoral.
En particular, dice, la Fepade ha señalado la importancia dehacer una modificación a la Ley General en Materia de DelitosElectorales, a fin de que la violencia política contra las mujeresse tipifique como un delito electoral.
Y remata: de aprobarse la minuta enviada a la Cámara deDiputados, México se convertiría en el segundo de la regiónLatinoamericana en tipificar la violencia política de género comoun delito electoral. Con ello, nuestro país se adecuaría a loacordado en la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticocontra las Mujeres (2015).
