En un sistema presidencial, el titular del Ejecutivo requiere el apoyo mayoritario dentro del Poder Legislativo que le permita impulsar sus políticas públicas, mantener la gobernabilidad y, sobre todo, mantener su legitimidad como representante político. Eso es lo que hemos visto en México desde 1929 hasta 1997 cuando el PRI perdió su hegemonía dentro del Poder Legislativo y, también, durante el periodo de los sexenios de alternancia del Poder Ejecutivo encabezados por el PAN y ahora Morena con sus partidos PT y PV en coalición. Por otra parte, el Presidente requiere mantener el control y la coordinación con los representantes del Poder Ejecutivo estatal, toda vez que algunas problemáticas que impactan negativamente la confianza ciudadana son de responsabilidad compartida, aunque el costo mayor, en caso de fallar, es contra el Ejecutivo federal, tal y como estamos viendo en el tema de la seguridad pública y la violencia de algunas regiones del país.
Desde el año 2000, con el triunfo del presidente Vicente Fox Quesada, se evidenció la importancia de las coaliciones electorales como una herramienta eficaz para la alternancia del poder. El éxito de las coaliciones también se ha manifestado en el ámbito local: Baja California, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Morelos, Durango, Estado de México, Ciudad de México, etc. Sin embargo, los triunfos en las urnas no se tradujeron en una mejoría de la gobernabilidad, la mayoría de esos gobiernos han sido ineficientes para combatir la violencia, la inseguridad y la pobreza en sus entidades, incluso, en algunas regiones se incrementaron los delitos de alto impacto.
El problema de estas coaliciones electorales es que sólo han servido para alcanzar los espacios de poder, pero no para construir programas de gobierno. Por otra parte, si bien es cierto que los gobernadores incluían en su gabinete a algunos personajes de los partidos que los habían apoyado, éstos no ejercían el quehacer público con base en una estrategia central.
La coalición de gobierno puede traducirse en una herramienta para transitar de la democracia de mayoría a una de consenso si retomamos teorías como las de Arend Lijphart (Modelos de democracia. Formas de gobierno y resultados en treinta y seis países. 2000) quien, al hacer un estudio comparativo de la democracia y sus resultados en 36 países, concluyó que, a diferencia de la democracia de mayoría, que se relaciona con la concentración de poder de forma excluyente, la democracia consensual se deriva de negociaciones para generar pactos y compromisos con coaliciones multipartidistas. Aun cuando México no fue incluido en ese estudio, los hallazgos en los países comparados pueden darnos varias pistas respecto de las herramientas que necesitamos seguir construyendo para fortalecer nuestra democracia. Una de ellas es la coalición de gobierno.
Lo que se lograría con la coalición de gobierno, no sólo federal, sino a nivel local, sería tener gobiernos más incluyentes, con mayor rendición de cuentas, con políticas públicas planeadas desde una participación colectiva y con una relación más equilibrada y de cooperación entre los diferentes niveles de gobierno. Pero, sobre todo, la coalición de gobierno resolvería parte de un tema que nos ha ocupado en el debate público en los últimos tiempos: el problema de la legitimidad de la representación política y la posibilidad de construir gobiernos eficientes para lograr o mantener la gobernabilidad.
