Terminar con la violencia es una de las principales demandas de los mexicanos. Lograr este objetivo es prioridad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, por eso me congratulo de que el resultado de los acuerdos de todas las fuerzas políticas haya aprobado una Guardia Nacional cercana a la sociedad.
El construir por unanimidad este acuerdo es un hecho histórico, no fue sencillo, fue un debate profundo en la forma y en el fondo, porque así lo ameritaba, debido a que el país que nos ha sido heredado nos recuerda a diario los más de 200 mil asesinatos registrados en los últimos doce años, así como los miles de desaparecidos.
Recuperar la tranquilidad y el desarrollo de nuestra vida cotidiana es una aspiración legítima y urgente de todos los habitantes del país, que en sus diferentes regiones sabe lo que es el olor a muerte en su ciudad de manera permanente. La Guardia Nacional con mando civil a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública coadyuvará a recuperar la confianza y esa paz urgente.
Durango no ha estado exento de la violencia, basta recordar como asolaron Tierras Coloradas, los cientos de restos en las fosas de la capital y los enfrentamientos en diversas regiones con muertes y desplazados inocentes, así como la ruptura del tejido social en La Laguna.
Esa guardia civil que en breve empezará a instrumentarse en todo el país, no suprimirá a las policías municipales, estatales, ni a la policía federal, tampoco pretende que el Ejército y la Armada realicen funciones de seguridad interior en las calles.
La política de reconciliación y el privilegiar el interés de millones de mexicanos fue lo que prevaleció en las mesas de negociación política del Senado de la República, por ello contaremos con una corporación la cual de inicio estará conformada por policías militares y navales instruidos en Seguridad Pública, quienes en sus labores operativas serán garantes de los derechos humanos.
La minuta que fue remitida a la Cámara de Diputados rompe con los miedos de que este país fuera a militarse. Lo que aprobamos establece que el Ejército sólo permanecerá por cinco años en las calles, así su función en labores de seguridad pública concluirá en el 2023.
En el Senado fue una premisa tomar en cuenta todas las voces que acudieron al Parlamento Abierto, y fuimos representantes populares sensibles a la voz de los cientos de víctimas que han sido afectados por la violencia permanente en el país. En el dictamen que aprobamos el pasado jueves y que tras ser aprobado en la Cámara de Diputados -deberá ser ratificado por los Congresos locales-, se reflejan las competencias para que el actuar dentro del ámbito de lo civil se sancione en tribunales civiles.
Con esta Reforma Constitucional aprobada por unanimidad cumplimos con nuestro compromiso de no fallarle a los mexicanos.
Hacemos un llamado a la sociedad, para que jóvenes, madres de familia, hombres e instituciones coadyuven a la reconstrucción del tejido social en materia de seguridad pública.
*Senadora.
