Luego de afirmar que el movimiento del 9 de marzo confirmó de manera precisa la trascendencia de la labor que cotidianamente desempeña la mujer en todos los campos, el gobernador del estado, José Aispuro Torres informó que ha dado indicaciones a la Fiscal General del Estado (FGE), para la conformación de un grupo especial, donde tanto Ministerios Públicos, como investigadores sean mujeres, quienes atenderán los casos de acoso, y en general la problemática que vulnere los derechos femeninos.
A la vez, informó sobre la separación de sus cargos de dos funcionarios públicos, sobre los que recaen acusaciones de hostigamiento sexual.
En entrevista, el mandatario estatal asentó que el fin de semana y en especial el 9 de marzo, constituyó una lección muy clara sobre las grandes capacidades que tiene el sector femenino del país y de Durango, donde es más que claro “que no se puede dejar de atender sus inquietudes, sus demandas y sus manifestaciones”.
Se confirmó en estas fechas la importancia de la labor que desempeñan las mujeres y celebró que en el caso local de Durango, no se hayan registrado incidentes que lamentar durante las manifestaciones, dado que las movilizaciones fueron pacíficas.
Por lo que toca al tema de feminicidios, el mandatario recapituló que en 2019 hubo 12 casos, de los cuales, 10 ya están judicializados. En tanto que durante 2020, dos casos ocurridos en los primeros meses, de igual manera, ya entraron a proceso.
A pregunta expresa, Aispuro Torres confirmó que fueron dados de baja dos funcionarios de su administración, a partir de acusaciones de acoso sexual y añadió que ya ha solicitado a la fiscal del estado, Ruth Medina Alemán, acercarse con cada uno de los colectivos de la manifestación, a fin de conocer con mayor detalle cada una de sus inquietudes, porque habrá casos que no pasan de exponerse en el ámbito mediático, sin llegar a judicializarse.
En tal sentido, precisó que al interior de la Fiscalía habrá de conformarse un grupo especial para atender cuestiones de acoso y temas relativos a la violación a los derechos de las mueres, con la participación de ministerios públicos e investigadores mujeres.
De igual forma, expuso que si bien en este caso se tomaron medidas ya contra dos funcionarios, la ley es de orden general y no selectiva, es decir, cuando alguien –trátese del estrato que se trate- vulnere los derechos de las mujeres, afrontará las consecuencias.