Denuncia la diputada federal de Morena, Martha Alicia Arreola, que están surgiendo situaciones irregulares de la pasada administración en la Subdirección de Movilidad y Transportes del Estado, por concesiones inexistentes, y dio a conocer un caso donde pretenden incriminar a una ex cajera y dejarla sin trabajo, cuando su única responsabilidad fue cobrar unas placas que fueron autorizadas por un supervisor.
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Señaló que hay un proceso judicial en contra de la trabajadora, por una concesión inexistente, y le están pidiendo que renuncie a su trabajo cuando no ha hecho ningún daño al estado, “toda la investigación debe seguir, pero en contra de las personas que de verdad pueden resultar responsables, contra los que hicieron la orden y no en contra de una mujer trabajadora que únicamente realizó su labor”.
La diputada comentó que es necesario se dé a conocer este caso, porque así puede haber otros donde señalan como responsables a personas que nada tiene que ver, como una cajera que solo “cobran lo que se les pide”, y lo que permite el sistema, porque no pueden realizar ningún trámite, incluso las placas no las entregan en caja, se entregan en otro departamento.
Dijo que es una carpeta de investigación que está llevando la Fiscalía Anticorrupción por ejercicio indebido del servicio público, por lo que debe llegar con los verdaderos responsables, y no contra una persona que no tiene las facultades para hacer otros trámites o funciones, que además no tiene nada que ver sus derechos laborales, con la acusación penal que se está haciendo.
La ex cajera de transportes de nombre Marcela, explicó “ellos lo que dicen, es que el trámite estaba mal y aun así lo hice”, pero si hubiera estado mal, y en el momento no hubiera tenido concesión no se hubiera podido hacer ni cobrar, ni entregarle las placas y si se las dieron.
Ese proceso se realizó en el 2018, pero fue el año pasado que la llamaron para aclaran, y destaca que para todos los procesos, los documentos y papelería debían ser autorizados por el director, y para poder emitir la tarjeta de circulación había un supervisor que tenía que poner la clave para sacar la tarjeta, y poder hacer el cobro de 2 mil 500 pesos por los derechos y que se quedó en las arcas del estado.
El abogado manifestó que la concesión se realizó entre particulares, entre ellos se pagó un monto de 160 mil pesos, pero no a la cajera.
