Es ilegal el cobro que realiza el gobierno del estado para empadronar los vehículos de procedencia extranjera, mejor conocidos como “chocolatos”, ya que no hay ley que lo amparé, señaló el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Benítez Ojeda.
Asimismo afirmó que el programa tiene un afán recaudatorio debido a la temporada decembriana, pues se estima que hay aproximadamente de 120 mil a 125 mil vehículos con estas características, que razón de 800 pesos que se cobra por empadronamiento se recaudarán 100 millones de pesos.
El dirigente del tricolor lanzó un llamado respetuoso al gobierno del estado en particular a la secretaría de finanzas, “estamos de acuerdo en el registro, donde se conozca quienes son los propietarios, cuantos vehículos son y en que parte del estado circulan, pero no estamos de acuerdo en por el cobro por su registro, ya que es ilegal, lo que hoy inicia el gobierno es a todas luces ilegal, ya que no se encuentra en ningún lado y lo que no está en ley no existe por tanto no se puede cobrar”.
Acompañado por Roberto Padilla, Delegado del PRI; Mely Romero, secretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional; Griselda Dávila delegada de la CNC en el estado; la diputada Catalina Mercado y Miguel Ángel Astorga, secretario de Organización de la CNC resaltó que ni en la ley de estado, ni en la de los municipios o la ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018, marcan el cobro de tal empadronamiento.
“Si lo que van a entregar es un juego de placas, engomado y un chip para geolocoalización y tiene un costo, el gobierno primero lo debió plantear ante el Congreso del Estado, para hacer las modificaciones pertinentes a las reformas legales y en su caso aprobar el cobro, para luego aplicarlo” dijo Benítez Ojeda.
Asimismo pidió que se revise, reflexione el tema y por el mes de diciembre no se cobre, ya que es necesario que se discuta por los legisladores locales, agregó que el 31 marzo es la fecha límite para el pago de no ser así se recogerán los vehículos y serán llevados al corralón.
“No hay facultad para recoger un vehículo de procedencia extranjera, ya que son vehículos internados de forma ilegal en el país, por tanto no hay un decreto que amparé su circulación, lo que procede es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) proceda al decomiso, el programa desde el planteamiento, forma y medida coercitiva está mal planteado” dijo.
De igual manera hizo hincapié en el seguro que tendrán que pagar ya que el costo va de mil 200 a mil 300 pesos. Adelantó que le PRI ofrece defender a los afectados a través de sus legisladores y asesoría jurídica necesaria para promover recursos de amparo.