Desde hace dos años, las mujeres que pertenecen al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, han luchado porque el Congreso de Durango legisle a favor de la incorporación de este tipo de violencia contra la mujer en el Código Civil y Penal del estado, no obstante pese a la insistencia, no han tenido eco entre las y los diputados.
- Te puede interesar: Realizarán encuentro regional de mujeres científicas
De acuerdo con una de sus líderes, Olga Lidia Mejía, a nivel nacional existen más de seis mil mujeres integradas a este movimiento, pues cada vez es más frecuente observar casos de intimidación por parte de un hombre hacia una mujer bajo el uso de sus hijos como una herramienta para ejercer control y poder sobre ella.
“Cuando decides irte y dejar esa relación, inicia lo peor porque comienzan las amenazas de que te van a quitar a tus hijos, reteniéndolos, sustrayéndolos del hogar”, comentó e incluso hacen acusaciones falsas de delitos no cometidos para que la pareja sea detenida y con ello pierda la custodia de los menores.
Explicó que en Durango existen muchos casos de este tipo e incluso las han amenazado de tener redes de tráfico de órganos, con el único fin de buscar una detención y vinculación a un proceso judicial del que no son responsables, “este es el modus operandi de estas personas, ojo no estamos en contra de los hombres, es un perfil muy específico de psicópatas, narcisistas, obsesionados con causar daño en nosotras como mujeres y madres”, dijo.
Alejandra Barreras Amaya es madre de dos menores que están por cumplir siete años, desde hace cuatro se encuentran en manos de su padre, quien no permite que ella se acerque para verlos, pese a que sabe dónde están.
Explicó que durante su relación, recibió violencia económica por parte de su expareja y padre de sus hijos, pues durante el juicio se demostró que era constantemente dado de baja de los trabajos para evitar que se le asignara una pensión alimenticia, “es una persona que tiene muchas deudas, no trabaja o pierde constantemente los trabajos, incluso fue acusado de robo y yo tuve que pagar”, platicó.
Por su parte, la maestra en juicios orales, Beatriz Gracia, señaló que si bien a nivel nacional entró en vigor la reforma que adiciona disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de violencia vicaria; es importante insistir que esta debe bajarse a un plano local, para apoyar a todas aquellas que se encuentran sometidas y siendo víctimas de este tipo de violencia.
“Son muchas las causas, la primera es que no existe una legislación como tal en contra de este tipo de violencia, la segunda es la violencia institucional, por eso se pide a las autoridades que les hagan caso”, comentó la especialista, quien aseguró que pese a las denuncias interpuestas, los trámites son lentos, “hay veces que esperan mucho tiempo por una cita para valoración psicológica”, comentó.
Sin embargo mientras su proceso está en marcha ellas siguen bajo altos niveles de violencia que incluso llegan a amenazar su vida o la de sus hijos.
De ahí que hizo un llamado a quienes sean víctimas de este tipo, acercarse con la asociación para recibir ayuda, pues muchas veces desconocen que son violentadas y cuál es el proceso que deben seguir para evitarlo.
