El Tribunal de Justicia Administrativa recibió en 2019 un total de 584 demandas en contra de dependencias públicas y una cuantía de recursos financieros reclamada por parte de los ciudadanos como cobros indebidos por el orden de los 393 millones de pesos y en donde los demandados de mayor incidencia son la Dirección Municipal de Finanzas y Administración con un 35% de las demandas, seguido por la Dirección Municipal de Seguridad Pública con el 32%.
Al rendir el informe anual 2019 de este organismo ante el pleno del Congreso del Estado de Durango, el magistrado presidente, Gerardo Antonio Gallegos Isaís, explicó que del total de las demandas un universo de 318 fueron presentadas a través de la defensoría pública y 266 por abogados particulares.
Entre las autoridades demandadas aparecen la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado (SFAE), la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), Aguas del Municipio de Durango (AMD), Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Dirección Municipal de Desarrollo Urbano (DMDU)y Dirección Municipal de Finanzas (DMFA), detalló.
Gallegos Isaís expuso que la cobertura en cuanto a la asistencia de reclamos por parte de la ciudadanía ha ido en un incremento sustantivo tratándose de autoridades a las que se les exige cumplimiento a la legalidad.
Los demandados de mayor incidencia son la Dirección Municipal de Finanzas y Administración con un 35% de las demandas; seguido por la DMSP, con 32% de demandas en su contra y AMD, con un 5%; esto equivale a un 72% del trabajo del tribunal y el 28% se distribuye en el resto de las autoridades denunciadas.
Explicó que un 72% de las sentencias son acogiendo la pretensión del actor y la cuantía que está sometida a consideración del Tribunal que es de 393 millones de pesos.
En ese mismo periodo, agregó, se recibieron 24 amparos directos, cuatro amparos indirectos y se tuvieron 17 sentencias de amparo por cumplidas en forma definitiva.
Gallegos Isaís dio a conocer la imposición de sanción por responsabilidad administrativa que es un rubro que la ley exige a este tribunal hacer hincapié y en donde se impuso sanción consistente en la inhabilitación temporal para desempeñar el empleo, cargo o comisión en el servicio público por el periodo de un año al servidor público que fue sometido a procedimiento y llevado a cabo por la Secretaría de la Contraloría del Estado el órgano de control del Colegio de Bachilleres del Estado.