El Congreso del Estado de Durango, aprobó por unanimidad la nueva Ley de los Derechos de las Jefas de Familia del Estado, para apoyar a las mujeres con programas sociales, económicos, de salud y capacitación, y así logren más oportunidades de desarrollo y progreso, para sacar adelante a sus hijos.
- Te puede interesar: Salud municipal concientiza a padres sobre importancia de la vacunación
La diputada Sandra Reyes Rodríguez, explicó que el propósito de establecer y regular los derechos de las jefas de familia, con las políticas públicas, acciones y programas del Estado, a fin de mejorar las condiciones de vida y las de sus dependientes, cuando se encuentren en situación socioeconómica vulnerable, es procurar el acceso de beneficios que permitan su empoderamiento económico.
En representación del Grupo Parlamentario del PRI, indicó que las jefas de familia enfrentan dificultades para satisfacer no solo sus necesidades básicas, si no las de todos sus integrantes de familia, por lo que se busca incentivar su desarrollo y progreso.
El diputado del PAN, Gerardo Galaviz Martínez, recordó que muchas de las mujeres jefas de familia en Durango, además de tener que generar los recursos para proveer su hogar, enfrentan el reto de la crianza de sus hijos, mientras que el gobierno federal ha quitado las estancias infantiles y las escuelas de tiempo completo, lo que se vuelve más complejo.
“Se trata de propiciar las circunstancias que garanticen la igualdad de posibilidades entre unos y otras, se trata de sumar fuerzas para generar una sociedad con sentido de equidad y con disposición al reconocimiento de las capacidades y aptitudes de las mujeres”.
Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Sandra Amaya, manifestó “queremos un Durango donde ninguna mujer asuma sola la responsabilidad de sacar adelante a su familia, y no pueda ser privada ni excluida de la atención y apoyo que el Estado debe proveerle”.
Destacó la importancia de promover acciones legislativas y políticas públicas con perspectiva de género que permitan acortar las brechas, a partir de un ejercicio de colaboración entre organismos internacionales, la sociedad civil, el sector privado y entes de gobierno de orden federal y local.
Este trabajo legislativo es el resultado de 3 iniciativas que presentaron en su momento los Grupos Parlamentarios del PRI, PAN y la coalición de la Cuarta Transformación y que se analizó por la Comisión de Asuntos de la Familia y de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
