Para que los ciudadanos tengan la capacidad de decidir los proyectos de obra que requieren en su calle, colonia o comunidad en los 39 ayuntamientos, y que implementen la figura del Presupuesto Participativo, y así puedan decidir sobre la aplicación y destino de los recursos económicos, la diputada Paty Jiménez Delgado, presentó la iniciativa de reformas Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado.
Expresó “mediante la figura de presupuesto participativo, los ciudadanos cuentan con la capacidad de decidir en los proyectos de obra que se requieren en su calle, colonia o comunidad”, un mecanismo de participación que derriba las barreras y distancias que pueden presentarse entre los entes públicos y los seres humanos, entre Estado y población.
La diputada manifestó que la participación de la sociedad en la construcción de la vida democrática de un país, no solo se limita al ejercicio del voto en la elección de sus representantes, o en las aspiraciones para ser parte de las opciones que se presenten ante la misma sociedad, en alguna contienda electoral.
“La cimentación y consolidación de una democracia, se manifiesta en la vida diaria de las personas, en sus acciones u omisiones, respecto al derecho de sus semejantes en la manera de afrontar sus responsabilidades como ciudadano o ciudadana para el bienestar general”.
También se manifiesta con el aprovechamiento de los medios, que permite la ley para influir en las decisiones gubernamentales e institucionales de un estado, para Durango se encuentran en la Ley de Participación Ciudadana, que describe en su cuerpo normativo, “como igual de oportunidades de los ciudadanos y de los habitantes para ejercer influencia en la toma de decisiones públicas sin discriminación”, como la orientación de los recursos públicos.
Dijo que con este mecanismo se impulsa el desarrollo y progreso de la comunidad y de intervención activa y directa de la sociedad en la vida democrática municipal, por lo que duranguenses podrán decidir el destino del presupuesto equivalente al cinco por ciento de sus ingresos.
La reforma también describe la cantidad de dinero que como máximo deberán de disponer para cada obra los ayuntamientos en base a las propuestas ciudadanas recibidas.
