/ martes 12 de septiembre de 2023

Proponen exámenes de control y confianza para personal de la EASE

La diputada Sandra Amaya impulsa el combate a la corrupción y transparencia de los recursos públicos

Con la finalidad de combatir la corrupción y garantizar la transparencia de los recursos públicos, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales, presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para que los servidores públicos de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), sean evaluados a través de exámenes de control y confianza.

“Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena estoy decida hacer un cambio con las instituciones que fiscalizan los recursos públicos, para que estos tengan la mayor transparencia posible por parte de quien supervisa su aplicación”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

La legisladora recordó que uno de los temas principales que acogió el Estado durante el anterior sexenio estatal fue la corrupción, ya que, nunca había ocurrido un desfalco tan grande como el que se dejó en Durango, tema que es complejo y delicado, por lo que el Congreso de Estado siempre debe contemplarlo en su agenda como tema prioritario para la preservación del estado de Derecho.

“Digámoslo con claridad, dinero que se sustrae, sin importar su origen y destino, es dinero robado, es por ello, que el gobierno de la Cuarta Transformación decidió romper el monopolio de servidores públicos que utilizaban los recursos públicos, como propios”, señaló al hacer uso de la máxima tribuna.

De esta manera, la propuesta legislativa prevé que los servidores públicos del organismo fiscalizador sean evaluados y acrediten su permanencia, a través de exámenes de control y confianza, los cuales serían aplicados a través de los centros de evaluación y confianza de las instituciones públicas de seguridad y privadas, que cuenten con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

“Un gobierno corrupto, se fortalece dentro de una sociedad en estado de descomposición y, en consecuencia, el debilitamiento del estado del Derecho, donde la justicia se vende al mejor postor, atropellando los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestra carta magna”, consideró.

Al concluir su intervención, destacó que hace unos meses de acuerdo con el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C a través del barómetro presupuestal 2023, informó que el anterior sexenio, Durango formó parte de los tres estados de la república que presentaron un mayor retroceso de transparencia presupuestaria.

Con la finalidad de combatir la corrupción y garantizar la transparencia de los recursos públicos, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Amaya Rosales, presentó la iniciativa de reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado, para que los servidores públicos de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), sean evaluados a través de exámenes de control y confianza.

“Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena estoy decida hacer un cambio con las instituciones que fiscalizan los recursos públicos, para que estos tengan la mayor transparencia posible por parte de quien supervisa su aplicación”, resaltó al realizar la ampliación de motivos.

La legisladora recordó que uno de los temas principales que acogió el Estado durante el anterior sexenio estatal fue la corrupción, ya que, nunca había ocurrido un desfalco tan grande como el que se dejó en Durango, tema que es complejo y delicado, por lo que el Congreso de Estado siempre debe contemplarlo en su agenda como tema prioritario para la preservación del estado de Derecho.

“Digámoslo con claridad, dinero que se sustrae, sin importar su origen y destino, es dinero robado, es por ello, que el gobierno de la Cuarta Transformación decidió romper el monopolio de servidores públicos que utilizaban los recursos públicos, como propios”, señaló al hacer uso de la máxima tribuna.

De esta manera, la propuesta legislativa prevé que los servidores públicos del organismo fiscalizador sean evaluados y acrediten su permanencia, a través de exámenes de control y confianza, los cuales serían aplicados a través de los centros de evaluación y confianza de las instituciones públicas de seguridad y privadas, que cuenten con la acreditación vigente del Centro Nacional de Certificación y Acreditación.

“Un gobierno corrupto, se fortalece dentro de una sociedad en estado de descomposición y, en consecuencia, el debilitamiento del estado del Derecho, donde la justicia se vende al mejor postor, atropellando los derechos fundamentales que se encuentran establecidos en nuestra carta magna”, consideró.

Al concluir su intervención, destacó que hace unos meses de acuerdo con el informe del Instituto Mexicano para la Competitividad A. C a través del barómetro presupuestal 2023, informó que el anterior sexenio, Durango formó parte de los tres estados de la república que presentaron un mayor retroceso de transparencia presupuestaria.

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