De acuerdo con lo establecido en la Ley de Fiscalización del Estado, el Congreso del Estado de Durango recibe los informes de resultados de las cuentas públicas de los 39 municipios, así como de los órganos constitucionales autónomos y del gobierno del Estado. Estos informes son entregados a la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), y corresponde a los diputados llevar a cabo la revisión correspondiente para decidir su aprobación o rechazo.
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La diputada local y presidenta de la Comisión Permanente, Paty Jiménez Delgado, afirmó que se llevará a cabo un proceso de análisis siguiendo los lineamientos legales. Tras recibir los informes por medio de la Comisión Permanente, estos archivos de la EASE, que documentan la revisión física y documental realizada por este organismo fiscalizador auxiliar del Poder Legislativo, han sido remitidos a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública.
Explicó que se ha establecido un cronograma para analizar cada uno de los informes de resultados. Primero se revisarán los informes de los municipios, seguidos por el gobierno del Estado y finalmente los organismos autónomos. El objetivo de esta revisión es verificar si los recursos se utilizaron de manera transparente y conforme a la legalidad.
En relación con este tema, el diputado local del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, proporcionó detalles sobre el proceso de revisión de las cuentas públicas de los municipios, el Gobierno del Estado y los organismos autónomos. Estos procedimientos comenzarán en septiembre, con el inicio del nuevo periodo de sesiones, y durante este tiempo también se analizará el paquete económico para 2024, que engloba la Ley de Ingresos y Egresos.
El diputado reconoció que parte de la labor legislativa implicará abordar iniciativas que se encuentran pendientes, así como otras leyes y reformas. Por lo tanto, se espera una mayor carga de trabajo antes de que concluya el año.
Los 25 diputados que conforman la Sexagésima Novena Legislatura tendrán hasta el 31 de octubre para aprobar o no las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2022. En caso de que no sean aprobadas, se requerirá solventar las observaciones hechas tanto por la EASE como por los legisladores.
