Luego de los diversos señalamientos en redes sociales, en los que se habla de un posible tráfico de influencias por parte de la exdelegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Durango, Velia Patricia Silva Delfín, en relación al caso de la doctora Azucena Calvillo, la funcionaria federal se defiende y a través de un comunicado advierte que nunca se realizó un señalamiento directo en contra de ninguna persona por parte de ella, ni de su familia.
El caso de la doctora, adscrita al área Covid el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, quien actualmente libra un proceso legal en libertad, fue conocido a nivel internacional, y generó indignación entre el gremio médico y sociedad en general.
No obstante, la familia del magistrado Héctor Emmanuel Silva Delfín, a quien se dice intentaron desconectar del respirador artificial que lo mantenía con vida luego de los efectos generados por la Covid-19, a través de una carta firmada por su hermana Velia Silva Delfín señala lo siguiente:
“Al momento que la Fiscalía General del Estado de Durango, se presentó en el lugar de los hechos para investigar, se me practicó una entrevista en mi calidad de familiar de la víctima”.
Además aclaró que durante la entrevista, la ahora delegada del IMSS en Tamaulipas, no realizó ningún señalamiento en contra de la doctora Calvillo, sino que este es parte del resultado de las líneas de investigación que siguió la FGE, por lo que la detención y posterior acusación son responsabilidad directa y exclusiva de esta institución.
“Señalamos, que la familia de la víctima no hemos sido tomados en cuenta por la FGEDGO, pues no hemos tenido acceso a copias de la carpeta de investigación, no fuimos convocados a la audiencia, ni hemos sido recibidos por el Ministerio Público a cargo de la indagatoria, con lo que se han vulnerado nuestros derechos como ofendidos y los de nuestro hermano como víctima”, se lee en el documento.
De ahí que la familia Silva Delfín, reprueba las actuaciones que se realizaron fuera del marco de la ley por parte de la dependencia a cargo de Ruth Medina Alemán, “no solo porque de haber sido violado los derechos de la imputada, se atentaría contra su persona, sino porque ello también vulneraría los derechos de la víctima, pues dañaría la investigación, la oportunidad de conocer la verdad, la posibilidad de obtener justicia y de dar con el responsable”, dice.
“Como familia, quedamos atrapados en medio de un fuego cruzado de acusaciones y señalamientos, hemos sido re victimizados, sin tener la oportunidad de pronunciarnos, pues actualmente, varios miembros de nuestra familia son víctimas de Covid-19, por lo que nuestras fuerzas y atención, están centrados en su cuidado”.
De ahí que piden a la sociedad en general no se olvide que su hermano, el magistrado Héctor Emmanuel, es la víctima, y con esto concluye el comunicado que es firmado por la Dra. Velia Patricia Silva Delfín.
