Lamentó Salvador Chávez Molina, presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), que no haya denuncias concretas ante las autoridades por los accesos irregulares en la carretera Durango Mazatlán, lo cual han derivado en severos problemas de seguridad en la vía, al tiempo que señaló que se llevarán a cabo nuevas reuniones con Caminos y Puentes Federales (Capufe), y Guardia Nacional para exponerles la situación.
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Mencionó que este lunes junto al diputado federal Carlos Maturino Manzanera, distintos representantes de la iniciativa privada de Durango sostendrán un par de reuniones en Cuernavaca Morelos, con Capufe y Guardia Nacional, toda vez que en una primera reunión no se tuvo una respuesta a la solicitud de seguridad.
Salvador Chávez Molina, dijo que hay que esperar a que esta nueva reunión sea productiva, la intención es lograr acuerdos y pedirle a Capufe la Guardia Nacional que cumplen con su trabajo.
Dijo que el gran problema en la autopista Durango Mazatlán, es que existen un número importante de accesos no controlados, y eso es una responsabilidad de los usuarios a quienes se exhorta s no bajar a esas casetas no controladas, pues si no tuvieran un flujo importante de vehículos no existirían, pero por ahorrar alrededor de 100 pesos en los accesos reales se pone en riesgo la seguridad.
“Vamos a exigirles que cierren estos accesos, y de esta manera la Guardia Nacional pudiera hacer sus rondines de manera más eficiente, y hay que chacar que se presenten las denuncias correspondientes, porque en la reunión que tuvimos, no hubo respuesta de que se hubieran presentado denuncias de los daños en las vías de comunicación federales, no hay carpetas de investigación porque no hay denuncias presentadas” dijo.
El presidente de Canadevi, dijo que es grave que no se hayan presentado denuncias porque hay responsabilidad de las autoridades por omisión de responsabilidades.
Añadió que en estas nuevas reuniones se va a exigir a las autoridades que hagan su trabajo, y no de no hacerlo se les denunciará por la responsabilidad que les corresponda por provocar daños al erario.
