Luego de revelar que tras la exhaustiva revisión del Fideicomiso del Fideicomiso Fondo Durango, ordenada por el Gobernador del Estado, entre los hallazgos se identifican entre los beneficiarios algunos servidores públicos, así como quienes tienen algún parentesco con éstos, la Secretaria de la Contraloría, Raquel Leila Arrola, puso en claro sin embargo, que las reglas de operación de este esquema no contienen limitantes para el otorgamiento de estos créditos y no existen elementos para la configuración de alguna responsabilidad.
La funcionaria estatal fue específica al anotar que el recuento fue a fondo, pormenorizada, a 273 créditos otorgados en una primera etapa dentro de este contexto del Fondo Durango.
Arreola Fallad de igual manera, estableció categórica que todos los beneficiarios están obligados a pagar los créditos otorgados.
Indicó que el escrutinio sí detectó inconsistencias, como la ausencia de constancias de no adeudos en otros programas estatales o municipales; fala de la firma del solicitante en algunos expedientes; irregularidades en el formato de verificación domiciliaria y ausencia de identificación oficial en algunos casos.
Luego, la Secretaria de la Contraloría, asentó que el Comité Técnico del Fideicomiso del Programa Fondo Durango, realizó las aprobaciones de los créditos con base en las reglas de operación y a partir de ello se podrían derivar presuntas responsabilidades en la integración de algunos expedientes, particularmente en las áreas técnicas de la Secretaría de Desarrollo Económico que tenían a su cargo la elaboración y validación de los expedientes, por lo que la Secretaría a su cargo, dará la atención que jurídicamente corresponde.
Expuso que dentro de los hallazgos de la revisión, se identifican entre otros beneficiarios, algunos servidores públicos, así como quienes tienen algún parentesco directo o indirecto con funcionarios, líderes empresariales y actores políticos.
Es necesario precisar –dijo Raquel Arreola- que de acuerdo con el contenido de las reglas de operación del fideicomiso del Fondo Durango y de los decretos publicados, no fue un limitante el otorgamiento de créditos a este tipo de personas, “y tampoco nos dan elementos para la configuración de una presunta responsabilidad según los numerales 58, 61 y demás relativos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente”.
Finalmente, comprometió que la Secretaría de la Contraloría continuará trabajando en el cumplimiento de sus funciones, garantizando el ejercicio transparente de los recursos públicos, pero sobre todo, atendiendo el primer eje rector de este gobierno en beneficio de los duranguenses.