Tiene que existir una sentencia condenatoria por pensión alimenticia o algún acto de violencia para que lo candidatos no puedan contender en el proceso electoral 2023-2024, declaró el presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) en Durango, Roberto Herrera Hernández, quien destacó que se seguirá solicitando la carta de no antecedentes panales.
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Al ser entrevistado, dio a conocer que para que alguna persona pueda ser suspendida en sus derechos político-electorales de la ciudadanía debe de existir una sentencia condenatoria que diga que se suspenden los derechos electorales.
Afirmó que en el IEPC será vigilante de las personas que estén en la lista nacional para analizar quienes hayan ejercido violencia o sean deudores alimentarios.
Herrera Hernández comentó que algunos institutos electorales han realizado convenios con los Tribunales de Justicia, sin embargo, se tiene que hacer un convenio con el Tribunal de Justicia del Estado y con el resto de los 32 tribunales, porque el deudor pudo haber sido de cualquier otro estado y solo teniendo la información de todos los tribunales se puede tener mayor efectividad.
"La ciudadanía debe de tener confianza en las instituciones electorales, de que se aplicarán las normas de derecho y que quienes estén sentenciados por ser deudores alimentarios o por ejercer la violencia no tendrán una candidatura", dijo.
Herrera Hernández comentó que en el caso de la solicitud a los candidatos de la carta de no antecedentes penales, para este proceso electoral sí lo solicitarán como un acto de buena fe. "Se dejará de solicitar, luego de que la cámara de diputados y senadores determinen lo contrario y sea publicado en el Diario Oficial de la Federación", concluyó.
