Como resultado de las auditorías realizadas por la Entidad de la Auditoría Superior del Estado (EASE), a los ejercicios correspondientes a los años 2018 al 2021, se presentaron un total de nueve denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, en contra de servidores públicos de al menos cuatro administraciones municipales anteriores.
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De acuerdo con lo informado por la titular de la EASE, Diana Gabriela Gaytán, se trata de los municipios de Hidalgo, Nombre de Dios, Nazas y Durango capital; esto derivado de desvío de recursos, falta de documentación comprobatoria, expedientes de obra incompletos, entre otras faltas encontradas durante la revisión.
Asimismo señaló que en toda la historia de la EASE solo han sido presentadas estas nueve denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, una de estas se había interpuesto con el anterior auditor, mientras que las ocho restantes son de agosto del 2023, a la fecha.
Explicó que en lo que corresponde a las auditorías realizadas en el año 2022, son 343 servidores y exservidores públicos quienes ya fueron notificados por su presunta responsabilidad, además de un total de 95 pliegos de observación que son de las últimas dos administraciones, quienes actualmente están en la revisión de las pruebas de solventación presentadas relativas a la cuenta pública de ese año, pues apenas venció el plazo.
Mientras que en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa se presentaron 22 expedientes, además de 41 que fueron direccionadas a los órganos de control internos, al tratarse de faltas menores.
Todas estas corresponden a administraciones municipales, pues en el caso de las autoridades del Gobierno del Estado, aún no se ha interpuesto una denuncia ya que solicitaron una prórroga para presentar la solventación, misma que ya venció y a la fecha se encuentran en el proceso de revisión de la documentación entregada.
En el caso específico del exgobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, Diana Gabriela Gaytán, informó que ya ha sido notificado en relación a algunas acciones y ya se obtuvo respuesta tanto por parte de él, como de algunos otros exservidores públicos que laboraron en la anterior administración.
“Debe transcurrir el plazo para nosotros ver si de eso procede alguna denuncia ante Fiscalía, o bien hacia el Tribunal Administrativo, dependiendo de la situación”, comentó, al señalar que tienen hasta mayo para determinar el procedimiento que corresponda, pues aunque venció la primera quincena de febrero el periodo de solventación, se tiene pendiente la revisión de las cuentas públicas de todos los municipios, más Gobierno del Estado, organismos autónomos, descentralizados, adicional a lo de 2023.
