La figura de presidenta del DIF Estatal de Durango no está contemplada como funcionaria pública de ahí que la Secretaría de la Contraloría del Estado (Secoed) no puede hacer nada para actuar en contra de la misma, según lo informado por la titular de la dependencia, Julieta Hernández Maldonado, a ellos solo les corresponde entregar la información solicitada por la Fiscalía Anticorrupción.
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Explicó que durante la pasada administración no se hizo ninguna auditoría a la administración del DIF Estatal, por lo que ya inicia una revisión de programas específicos “sería muy complicado que hiciéramos a todo el DIF porque no nos daríamos abasto”, comentó la funcionaria estatal, quien especificó que se realizan auditorías también a áreas de Comunicación Social y al Despacho del Ejecutivo.
Lo anterior lo dio a conocer en a la investigación que inició dicho órgano autónomo en contra de la exprimera dama Elvira “N”, ante la posible comisión del delito de enriquecimiento ilícito, por lo que no existe un periodo específico de de término de las auditorías, “de acuerdo a lo que vayamos detectando sabremos si cerramos la auditoría o mejor le damos un seguimiento más amplio”, comentó.
Señaló que existe un informe realizado por un despacho externo sin embargo hasta el momento no se ha analizado pues la intención no es ir sobre lo que ya se detectó, sino buscar en otros campos para ver qué más puede detectarse “luego estas auditorías nos dan un indicio que no siempre es el adecuado, luego hay que tratar de cuidarnos para no irnos por la inercia”, comentó.
Dejó en claro que la investigación es hacia la administración del DIF Estatal, no hacia una persona en particular, dicha auditoría se inició incluso antes de que entrara la denuncia en contra de la exprimera dama a la Fiscalía Anticorrupción.
Informó que existen actualmente 40 auditorías que se han iniciado derivado de denuncias presentadas por enriquecimiento ilícito en la dependencia, se trata de funcionarios de primer nivel, en su mayoría secretarios.
Sin embargo es un análisis que está en curso pues recordar que tienen la obligación de presentar sus declaraciones 60 días después de haber terminado su cargo, es decir, este periodo apenas concluyó el 15 de noviembre, por lo que una vez concluido inicia la auditoría para contrastar datos, aunque cabe señalar que todavía faltan las de cuatro funcionarios de primer nivel de la pasada administración.
