/ martes 5 de abril de 2022

Inspector de la STyPS es vinculado a proceso por cohecho

Al al presunto señalado se le puede imponer una pena de tres a catorce años de prisión, destitución del empleo e inhabilitación para ocupar un cargo público

El Juez de Control del distrito de Gómez Palacio vinculó a proceso a un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango, adscrito a la Región Laguna por el delito de cohecho.

Luego de conocer la información contenida en la Carpeta de Investigación correspondiente, determinó vincular a proceso penal a Jaime N, en virtud de los elementos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dictó como medida cautelar la presentación y firma de forma periódica del imputado; fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En Durango las exportaciones han aumentado un 105.6%

La Fiscalía anticorrupción dará vista del presente caso a la Secretaría de Contraloría y a la Dependencia estatal involucrada para las responsabilidades administrativas que resulten de la actuación deshonesta del servidor público mencionado.

El denunciante, propietario de una empresa procesadora de suplementos alimenticios para ganado, manifestó que la persona señalada, quien se identificó como inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Durango acudió a la compañía en mención con la finalidad de imponer una multa de 500 mil pesos por supuestas irregularidades fiscales y obligaciones laborales incumplidas, haciéndolo de manera agresiva e intimidante y, luego, tomando una actitud un poco menos agresiva solicitó un pago por la cantidad de 50 mil pesos para llegar a un “arreglo”.

Al no obtener respuesta, el inspector se retiró del lugar lanzando amenazas de manera directa a los demás empleados de la empresa, por lo que el afectado procedió a presentar la denuncia correspondiente en las oficinas de la representación de la Fiscalía anticorrupción en la ciudad de Gómez Palacio.

Cabe hacer mención que al presunto señalado se le puede imponer una pena de tres a catorce años de prisión, destitución del empleo e inhabilitación para ocupar un cargo público.

El Juez de Control del distrito de Gómez Palacio vinculó a proceso a un inspector de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Durango, adscrito a la Región Laguna por el delito de cohecho.

Luego de conocer la información contenida en la Carpeta de Investigación correspondiente, determinó vincular a proceso penal a Jaime N, en virtud de los elementos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dictó como medida cautelar la presentación y firma de forma periódica del imputado; fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

En Durango las exportaciones han aumentado un 105.6%

La Fiscalía anticorrupción dará vista del presente caso a la Secretaría de Contraloría y a la Dependencia estatal involucrada para las responsabilidades administrativas que resulten de la actuación deshonesta del servidor público mencionado.

El denunciante, propietario de una empresa procesadora de suplementos alimenticios para ganado, manifestó que la persona señalada, quien se identificó como inspector de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Durango acudió a la compañía en mención con la finalidad de imponer una multa de 500 mil pesos por supuestas irregularidades fiscales y obligaciones laborales incumplidas, haciéndolo de manera agresiva e intimidante y, luego, tomando una actitud un poco menos agresiva solicitó un pago por la cantidad de 50 mil pesos para llegar a un “arreglo”.

Al no obtener respuesta, el inspector se retiró del lugar lanzando amenazas de manera directa a los demás empleados de la empresa, por lo que el afectado procedió a presentar la denuncia correspondiente en las oficinas de la representación de la Fiscalía anticorrupción en la ciudad de Gómez Palacio.

Cabe hacer mención que al presunto señalado se le puede imponer una pena de tres a catorce años de prisión, destitución del empleo e inhabilitación para ocupar un cargo público.

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