Ningún trabajador municipal debe ganar más allá de lo que está autorizado en el tabulador del Ayuntamiento en Durango, si hay alguien que este ganando sobre ese tabulador, debe ser sujeto a reintegro de los medios, informó Martha Judith Ávila Lucero, titular de la Contraloría Municipal.
Sobre los recibos de nómina que empezaron a circular en redes sociales de familiares de Alicia García, líder del Sindicato Único de Trabajadores Municipales (SUTUM), mencionó que se tiene que hacer un comparativo con el tabulador, y en caso de sobrepasarlo, tienen que responder, tanto el que recibió la cantidad, como el que lo haya pagado.
Dijo que si una persona permite un pago así, a pesar de estar fuera del tabulador, es responsable porque se está presentando una irregularidad, y puede haber hasta destitución, un acta administrativa o el reintegro.
Aseguró que, trabajadores municipales sindicalizados o no deben respetar la Ley, y aunque algunos sindicalizados puedan recibir algunos beneficios no deben hacer lo que ellos consideren, por ejemplo deben presentarse también en sus áreas laborales.
Aunque reconoció que desafortunadamente luego hay licencias, permisos económicos o comisiones, con los que se puede perder la focalización de la aplicación de la ley, en general todas las direcciones tienen la obligación de marcar si hay incapacidades, permisos o incidencias y justificar quien no esté en labores y demostrar en el recibo de nómina que se le ha descontado.
La contralora comentó que en la dirección no se quedan esperando a que solo les digan que si se descontó, sino tienen que demostrarlo con el recibo, y también hay una bitácora de entrada y salida en cada oficina que deben firmar, la cual se revisa.
“Cualquier persona que no esté brindando el servicio público, se le puede solicitar el reintegro”, expresó.
Recordó que antes no estaba legislado el tema de nepotismo, fue hasta noviembre del 2019, entonces si hay trabajadores que entraron antes de la fecha, se revisa la situación y se puede activar el conflicto de intereses marcado en la Ley general de responsabilidad administrativa.