Luego del conflicto que existe en las inmediaciones del fraccionamiento San Juan, en Durango capital, derivado de diversas invasiones cometidas de manera ilegal, el titular de la Comisión de Suelo y Vivienda (Coesvi), Jaime Fernández Saracho, aseguró que ya se ha insistido con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), pues al ser terrenos federales, el estado no puede intervenir de manera directa.
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Explicó que ya se les ha solicitado el apoyo para que se llegue a un arreglo con dicha propiedad, y ya sea que el Gobierno federal done o venda esa propiedad incluso al Gobierno del Estado, a fin de tener el control de los mismos y poder intervenir.
“De lo contrario es una responsabilidad que tiene que afrontar las instancias del Gobierno federal y desde luego que tiene que ver con el Gobierno municipal porque para construir se requiere de un permiso. Si trabajamos en equipo se puede resolver”, dijo el funcionario estatal.
Asimismo hizo hincapié en que se debe resolver el tema de las invasiones, pues existen dirigentes o supuestos dirigentes sociales, que hacen uso de esta atribución para cometer fraudes con la supuesta venta de terrenos que ni siquiera son de su propiedad.
Y es que el modus operandi de estas personas es llegar y apropiarse de un lugar para posteriormente ofertarlo a aquellas personas que no cuentan con una vivienda y que desean tenerla a un bajo costo y con pagos mensuales que se acomoden a su presupuesto.
“Sin embargo esto es solo una posibilidad irregular que tiene sus riesgos y la otra que también vale la pena decirlo, muchos de ellos ni siquiera son líderes, simplemente lo hacen por negocio”, comentó Fernández Saracho.
De ahí que exhortó a que las personas que viven en ese corredor habitacional que se encuentran a los alrededores de los fraccionamientos San Juan y San José, donde incluso ya hasta quitaron las vías, a no arriesgar su patrimonio por un terreno que no está regularizado y que incluso es propiedad del Gobierno federal y ello implica que en cualquier momento lleguen a ser desalojados y demoler las construcciones.
Al ser cuestionado si es posible actuar en contra de quienes hacen negocio a partir de un terreno que no es de su propiedad, el director de la Coesvi, aseguró que la única forma en la que se puede establecer un procedimiento jurídico en contra de ellos es a través de una denuncia judicial, en este caso por parte del Gobierno federal, o incluso de quienes ya viven ahí y han sido objeto de fraude al entregar dinero a este supuesto líder.
“Son estafas que se dan de manera paulatina, pero al final de cuentas afectan mucho a la economía de la gente”, dijo, y es que si se hace un recorrido por el lugar ya existen muchas casas de madera, carpas y jacales ya levantados, “lo peor es que muchos ni siquiera lo necesitan, lo hace como negocio”, de ahí se necesita esta situación de manera inmediata.
