/ sábado 22 de febrero de 2020

Se debe regularizar el outsourcing: Israel Soto Peña

Se podría llegar a tipificar el outsourcing ilegal como delito grave, pues una ilegalidad

En opinión de los especialistas, el esquema de contratación laboral denominado outsourcing debe existir porque es ir con la modernidad, sin embargo, a la vez es importante regularizar legalmente esta vía, porque sobre todo durante los últimos años existen empresarios voraces que hacen su mejor esfuerzo para escamotear los derechos de sus recursos humanos, siempre en busca de los beneficios particulares.

EL OUTSOURCING DEBE EXISTIR: ISRAEL SOTO

De entrada, el secretario del Trabajo en el Estado, Israel Soto Peña, explica que el outsourcing es una figura de contratación, una relación laboral subordinada.

Explica la naturaleza de este tipo de contratación y ejemplifica: cuando una empresa manufacturera que produce arneses requiere de servicios de limpieza, puede llevar a cabo un contrato para desarrollar esos trabajos dentro del propio centro laboral. Sin embargo, no puede hacer la subcontratación para desempeñarse en la función propia de la empresa, porque entonces sería ilegal. Se contraviene la ley y esa es la gran diferencia.

Luego vienen otro tipo de evasiones a los derechos de los trabajadores, donde tienen registrados a los trabajadores ante el IMSS con una cantidad menor de ingresos de lo que realmente perciben, a través de toda una ingeniería fraudulenta para ahorrar ilegalmente, en una práctica que ha sido atractiva porque muchos casos es rentable para las empresas.

Son evasiones –explica- y una serie de actos simulados que conllevan a algunas situaciones irregulares, a la violación de los derechos de los trabajadores, al fisco, al IMSS, “y ahí sin duda se tiene que actuar en consecuencia”.

Existen pues los dos formatos de outsourcing: el legal y el ilegal.

Interrogado sobre la proyección del Gobierno del Estado ante este panorama irregular. Qué es lo que se va a hacer, pregunta el reportero.

Soto Peña detalla que se firmará un convenio con la Federación para que los inspectores federales y los locales tengan mismo nivel de facultades y responsabilidad en esta materia. Y es que actualmente los inspectores locales no pueden inspeccionar en minería ni el forestal. A través de este convenio, la parte federal también podrá intervenir áreas que hoy solamente competen a la autoridad de Durango.

De igual forma, en la idea de enfrentar lo ilegal, que sí existe, se va a generar el grupo de trabajo interinstitucional, con el IMSS, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, y poder actuar para atender temas problemáticos de outsourcing en Durango que hoy en día aglutina aproximadamente a 50 mil trabajadores en este esquema.

Afirma el funcionario estatal que es muy necesario adecuar la ley, perfeccionar el proceso administrativo sancionador, porque –recalca- sí hay irregularidades.

Admite que se están llevando a cabo acciones pero con pocos resultados, por eso hay que ser más eficientes en las inspecciones.

También reconoce que como siempre, ha faltado siempre información, porque cada instancia anda por su lado, de manera descoordinada; es un rompecabezas que hay que darle forma.

A pregunta expresa relativa a la propuesta que han formulado instancias como la Secretaría de Hacienda donde se habla, a través de al Procuraduría Fiscal, de que la persona que preste el servicio de subcontratación ilegal podrá ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y recibir hasta 20 años de prisión.

Al respecto, el entrevistado señala que se pudiera llegar a ese exceso de tipificar el outsourcing ilegal como delito grave; “es una ilegalidad, está contemplado en nuestra leyes y hay que atenderlo por medio de las instituciones establecidas. No es lo mejor convertirlo en delito grave”.

Desde luego se debe llegar a la aplicación de sanciones económicas, porque al final lo que más le pesa a las empresas es que se les pegue en el bolsillo.

Entonces, reitera el funcionario, hay todo un marco jurídico que es suficiente para atenderlo de la mejor manera.

Admite que no se ha actuado correctamente hasta ahora, empero, asegura que el Gobierno del Estado está en esa disposición de hacerlo; “haremos lo que nos toca con toda las ganas para combatir este flagelo”.

Y es que, para el secretario del Trabajo sería un exceso tipificar el outsourcing ilegal como delito grave o como delincuencia organizada.

Se trata de una figura que debe existir, afirma, y añade: “prohibirla sería ir al extremo opuesto y los excesos son inadecuados”.

En opinión de los especialistas, el esquema de contratación laboral denominado outsourcing debe existir porque es ir con la modernidad, sin embargo, a la vez es importante regularizar legalmente esta vía, porque sobre todo durante los últimos años existen empresarios voraces que hacen su mejor esfuerzo para escamotear los derechos de sus recursos humanos, siempre en busca de los beneficios particulares.

EL OUTSOURCING DEBE EXISTIR: ISRAEL SOTO

De entrada, el secretario del Trabajo en el Estado, Israel Soto Peña, explica que el outsourcing es una figura de contratación, una relación laboral subordinada.

Explica la naturaleza de este tipo de contratación y ejemplifica: cuando una empresa manufacturera que produce arneses requiere de servicios de limpieza, puede llevar a cabo un contrato para desarrollar esos trabajos dentro del propio centro laboral. Sin embargo, no puede hacer la subcontratación para desempeñarse en la función propia de la empresa, porque entonces sería ilegal. Se contraviene la ley y esa es la gran diferencia.

Luego vienen otro tipo de evasiones a los derechos de los trabajadores, donde tienen registrados a los trabajadores ante el IMSS con una cantidad menor de ingresos de lo que realmente perciben, a través de toda una ingeniería fraudulenta para ahorrar ilegalmente, en una práctica que ha sido atractiva porque muchos casos es rentable para las empresas.

Son evasiones –explica- y una serie de actos simulados que conllevan a algunas situaciones irregulares, a la violación de los derechos de los trabajadores, al fisco, al IMSS, “y ahí sin duda se tiene que actuar en consecuencia”.

Existen pues los dos formatos de outsourcing: el legal y el ilegal.

Interrogado sobre la proyección del Gobierno del Estado ante este panorama irregular. Qué es lo que se va a hacer, pregunta el reportero.

Soto Peña detalla que se firmará un convenio con la Federación para que los inspectores federales y los locales tengan mismo nivel de facultades y responsabilidad en esta materia. Y es que actualmente los inspectores locales no pueden inspeccionar en minería ni el forestal. A través de este convenio, la parte federal también podrá intervenir áreas que hoy solamente competen a la autoridad de Durango.

De igual forma, en la idea de enfrentar lo ilegal, que sí existe, se va a generar el grupo de trabajo interinstitucional, con el IMSS, la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, y poder actuar para atender temas problemáticos de outsourcing en Durango que hoy en día aglutina aproximadamente a 50 mil trabajadores en este esquema.

Afirma el funcionario estatal que es muy necesario adecuar la ley, perfeccionar el proceso administrativo sancionador, porque –recalca- sí hay irregularidades.

Admite que se están llevando a cabo acciones pero con pocos resultados, por eso hay que ser más eficientes en las inspecciones.

También reconoce que como siempre, ha faltado siempre información, porque cada instancia anda por su lado, de manera descoordinada; es un rompecabezas que hay que darle forma.

A pregunta expresa relativa a la propuesta que han formulado instancias como la Secretaría de Hacienda donde se habla, a través de al Procuraduría Fiscal, de que la persona que preste el servicio de subcontratación ilegal podrá ser sancionado con prisión preventiva oficiosa y recibir hasta 20 años de prisión.

Al respecto, el entrevistado señala que se pudiera llegar a ese exceso de tipificar el outsourcing ilegal como delito grave; “es una ilegalidad, está contemplado en nuestra leyes y hay que atenderlo por medio de las instituciones establecidas. No es lo mejor convertirlo en delito grave”.

Desde luego se debe llegar a la aplicación de sanciones económicas, porque al final lo que más le pesa a las empresas es que se les pegue en el bolsillo.

Entonces, reitera el funcionario, hay todo un marco jurídico que es suficiente para atenderlo de la mejor manera.

Admite que no se ha actuado correctamente hasta ahora, empero, asegura que el Gobierno del Estado está en esa disposición de hacerlo; “haremos lo que nos toca con toda las ganas para combatir este flagelo”.

Y es que, para el secretario del Trabajo sería un exceso tipificar el outsourcing ilegal como delito grave o como delincuencia organizada.

Se trata de una figura que debe existir, afirma, y añade: “prohibirla sería ir al extremo opuesto y los excesos son inadecuados”.

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