/ miércoles 3 de febrero de 2021

Sin sustento la declaración de que hay un rezago de 200 mil expedientes en el TSJ: Rafael Favela

Finalmente, aseguró que “los jueces hacemos nuestro trabajo, somos los primeros interesados en solucionar los problemas que se suscitan en los órganos jurisdiccionales

Rafael Favela Valverde, quien es el presidente de la Asociación de Jueces de Durango, estableció categórico que es faltos que en los juzgados el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, exista un rezago estimado en 200 mil expedientes.

Al aludir las declaraciones hechas recién por parte del vicepresidente de la Barra de Abogados, Luis Ignacio Covarrubias, que refirió la citada estadística, Favela Valverde de igual manera asentó: “tal afirmación carece de sustento, pues no existe informe o reporte que arroje ese resultado, menos aún serio y confiable, que reúna los mínimos estándares metodológicos, criterios de medición o muestras comparativas”.

Al abundar sobre el particular, el también Juez de Primera Instancia, apuntó que es una estimación que no fue verificada previo a su divulgación, y que para un estado con menos de dos millones de habitantes, implicaría que habría un expediente rezagado por cada 11, lo cual es impensable, al considerar que en los último cinco años ni siquiera ese número de asuntos han ingresado a los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y en el mismo periodo que se indica se concluyeron alrededor de 100 mil asuntos, el 50 por ciento de ellos aproximadamente, por la vía de la sentencia.

“No obstante que a partir del 18 de marzo al primero de julio de 2020 los juzgados operaron bajo el sistema de guardias con motivo de las medidas temporales para la atención de la contingencia sanitaria de la COVID-19., se continuó con los acuerdos y demás resoluciones pendientes en casos urgentes, y en los que no, éstas resoluciones se hicieron del conocimiento de las partes en julio del año pasado tratándose de las sentencias y a partir de agosto por lo que respecta a los demás acuerdos”, dijo.

La información estadística es pública y puede consultarse en la página electrónica del Poder Judicial. Por otro lado, por lo que respecta a la duración de cada juicio, si bien es fuerte la carga de trabajo, no hay un parámetro válido para generalizar en meses o años el tiempo aproximado en el que pueda concluirse, explicó.

Abundó en que no puede compararse un juicio sucesorio en el que no opera la caducidad y que puede tardar años a un juicio ejecutivo o uno de divorcio a uno civil, o un asunto en el que se ven involucrados intereses de menores del que no lo hay, solo como ejemplo, aunado a las peculiaridades de cada asunto, al interés y la conducta procesal de las partes, a los recursos que interpongan o a los obstáculos que se puedan presentar en cada caso.

El representante de los juzgadores de primera instancia en el estado de Durango, subrayó que es necesario que tanto los servidores públicos como los abogados nos legitimemos frente a la sociedad, pero esto solo se alcanza abordando los temas que nos incumben con la verdad, seriedad y consideración debida hacia los ciudadanos.

Finalmente, aseguró que “los jueces hacemos nuestro trabajo, somos los primeros interesados en solucionar los problemas que se suscitan en los órganos jurisdiccionales, y en la práctica los abordamos junto con los litigantes que acuden a atender sus asuntos para solventar sus observaciones o los obstáculos de hecho o de Derecho que pudieren presentarse, pero siempre dentro del marco del respeto y la legalidad”.

Rafael Favela Valverde, quien es el presidente de la Asociación de Jueces de Durango, estableció categórico que es faltos que en los juzgados el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Durango, exista un rezago estimado en 200 mil expedientes.

Al aludir las declaraciones hechas recién por parte del vicepresidente de la Barra de Abogados, Luis Ignacio Covarrubias, que refirió la citada estadística, Favela Valverde de igual manera asentó: “tal afirmación carece de sustento, pues no existe informe o reporte que arroje ese resultado, menos aún serio y confiable, que reúna los mínimos estándares metodológicos, criterios de medición o muestras comparativas”.

Al abundar sobre el particular, el también Juez de Primera Instancia, apuntó que es una estimación que no fue verificada previo a su divulgación, y que para un estado con menos de dos millones de habitantes, implicaría que habría un expediente rezagado por cada 11, lo cual es impensable, al considerar que en los último cinco años ni siquiera ese número de asuntos han ingresado a los órganos jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia y en el mismo periodo que se indica se concluyeron alrededor de 100 mil asuntos, el 50 por ciento de ellos aproximadamente, por la vía de la sentencia.

“No obstante que a partir del 18 de marzo al primero de julio de 2020 los juzgados operaron bajo el sistema de guardias con motivo de las medidas temporales para la atención de la contingencia sanitaria de la COVID-19., se continuó con los acuerdos y demás resoluciones pendientes en casos urgentes, y en los que no, éstas resoluciones se hicieron del conocimiento de las partes en julio del año pasado tratándose de las sentencias y a partir de agosto por lo que respecta a los demás acuerdos”, dijo.

La información estadística es pública y puede consultarse en la página electrónica del Poder Judicial. Por otro lado, por lo que respecta a la duración de cada juicio, si bien es fuerte la carga de trabajo, no hay un parámetro válido para generalizar en meses o años el tiempo aproximado en el que pueda concluirse, explicó.

Abundó en que no puede compararse un juicio sucesorio en el que no opera la caducidad y que puede tardar años a un juicio ejecutivo o uno de divorcio a uno civil, o un asunto en el que se ven involucrados intereses de menores del que no lo hay, solo como ejemplo, aunado a las peculiaridades de cada asunto, al interés y la conducta procesal de las partes, a los recursos que interpongan o a los obstáculos que se puedan presentar en cada caso.

El representante de los juzgadores de primera instancia en el estado de Durango, subrayó que es necesario que tanto los servidores públicos como los abogados nos legitimemos frente a la sociedad, pero esto solo se alcanza abordando los temas que nos incumben con la verdad, seriedad y consideración debida hacia los ciudadanos.

Finalmente, aseguró que “los jueces hacemos nuestro trabajo, somos los primeros interesados en solucionar los problemas que se suscitan en los órganos jurisdiccionales, y en la práctica los abordamos junto con los litigantes que acuden a atender sus asuntos para solventar sus observaciones o los obstáculos de hecho o de Derecho que pudieren presentarse, pero siempre dentro del marco del respeto y la legalidad”.

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