/ sábado 4 de marzo de 2023

FGR espía más que con Peña Nieto

Las comunicaciones intervenidas superan 80 por ciento a las realizadas en los últimos cuatro años de la anterior administración

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete mil 631 autorizaciones de jueces para intervenir comunicaciones privadas en los primeros cuatro años de este sexenio, las cuales forman parte de las carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de alto impacto que cometen grupos criminales.

Tan sólo en 2022, al organismo que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero le otorgaron dos mil 104 avales para realizar actividades de espionaje a grupos delictivos supuestamente dedicados al narcotráfico, robo de hidrocarburos, tráfico de armas, delitos en materia de trata de personas, secuestro, tráfico de migrantes, delitos contra la libertad de expresión, robo de vehículos, tráfico de órganos, terrorismo y falsificación de moneda.

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La cifra de intervenciones a comunicaciones privadas en 2022 es casi la misma que se registró en 2021, año en el que la FGR reportó que los jueces le autorizaron realizar dos mil 113 acciones de ese tipo.

De 2015 a 2018, periodo que comprende los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el permiso para realizar cuatro mil 170 intervenciones de comunicaciones privadas, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia.

De acuerdo con informes de la FGR que publica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el registro de autorizaciones otorgadas por jueces a esa institución para la intervención de comunicaciones en 2020 fue de mil 632, mientras que en 2019 la cifra se ubicó en mil 782.

La instancia de la FGR que más obtuvo consentimiento de jueces para realizar esta práctica en 2022 fue la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con mil 656 autorizaciones otorgadas. También destacan 122 autorizaciones de jueces, el año pasado, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para realizar esta intervención de comunicaciones.

En una revisión que realizó El Sol de México a las sábanas que reporta la FGR sobre este aval de jueces al llamado “espionaje legal”, también se destaca que en 2022 se registraron 34 autorizaciones a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

La intervención de comunicaciones privadas está regulada en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución, así como en los artículos 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los ordenamientos legales establecen que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.

Las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República que más reportan intervención de comunicaciones autorizadas por jueces en el periodo 2022 son las de Oaxaca, con 64, así como Jalisco y Veracruz, con 20 cada una. Le sigue la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, con 17; la de Quintana Roo, con 11; la de Zacatecas, con diez; la de Querétaro, con ocho; la de Aguascalientes, con cuatro; la de Baja California Sur, con tres, y la de Colima, con una.

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Otras instancias de la Fiscalía que recibieron en 2022 este tipo de autorizaciones para realizar “espionaje legal” fueron la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), con 28 avales; la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Control Regional, con 14 autorizaciones, y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero (UEDE), con cuatro.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la FGR gastó entre 2019 y 2020 unos 47 millones de pesos para acceder al servicio Echo-Plataforma de Consulta y Análisis de Datos Masivos, que proporciona la empresa Neolinx de México, el cual le permite realizar más de 135 mil geolocalizaciones de teléfonos celulares. Dicha plataforma permite además la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación, celulares y teléfonos de las compañías Telmex, Telcel, Axtel, Izzi, Movistar, AT&T, y otras empresas similares.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo siete mil 631 autorizaciones de jueces para intervenir comunicaciones privadas en los primeros cuatro años de este sexenio, las cuales forman parte de las carpetas de investigación abiertas por presuntos delitos de alto impacto que cometen grupos criminales.

Tan sólo en 2022, al organismo que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero le otorgaron dos mil 104 avales para realizar actividades de espionaje a grupos delictivos supuestamente dedicados al narcotráfico, robo de hidrocarburos, tráfico de armas, delitos en materia de trata de personas, secuestro, tráfico de migrantes, delitos contra la libertad de expresión, robo de vehículos, tráfico de órganos, terrorismo y falsificación de moneda.

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La cifra de intervenciones a comunicaciones privadas en 2022 es casi la misma que se registró en 2021, año en el que la FGR reportó que los jueces le autorizaron realizar dos mil 113 acciones de ese tipo.

De 2015 a 2018, periodo que comprende los últimos cuatro años del gobierno de Enrique Peña Nieto, la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo el permiso para realizar cuatro mil 170 intervenciones de comunicaciones privadas, de acuerdo con datos obtenidos vía Transparencia.

De acuerdo con informes de la FGR que publica en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el registro de autorizaciones otorgadas por jueces a esa institución para la intervención de comunicaciones en 2020 fue de mil 632, mientras que en 2019 la cifra se ubicó en mil 782.

La instancia de la FGR que más obtuvo consentimiento de jueces para realizar esta práctica en 2022 fue la Dirección General de Cuerpo Técnico de Control de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), con mil 656 autorizaciones otorgadas. También destacan 122 autorizaciones de jueces, el año pasado, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) para realizar esta intervención de comunicaciones.

En una revisión que realizó El Sol de México a las sábanas que reporta la FGR sobre este aval de jueces al llamado “espionaje legal”, también se destaca que en 2022 se registraron 34 autorizaciones a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).

La intervención de comunicaciones privadas está regulada en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución, así como en los artículos 291 y 292 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Los ordenamientos legales establecen que “exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración”.

Las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República que más reportan intervención de comunicaciones autorizadas por jueces en el periodo 2022 son las de Oaxaca, con 64, así como Jalisco y Veracruz, con 20 cada una. Le sigue la Delegación de la FGR en San Luis Potosí, con 17; la de Quintana Roo, con 11; la de Zacatecas, con diez; la de Querétaro, con ocho; la de Aguascalientes, con cuatro; la de Baja California Sur, con tres, y la de Colima, con una.

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Otras instancias de la Fiscalía que recibieron en 2022 este tipo de autorizaciones para realizar “espionaje legal” fueron la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM), con 28 avales; la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Fiscalía Especializada de Control Regional, con 14 autorizaciones, y la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en el Extranjero (UEDE), con cuatro.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), la FGR gastó entre 2019 y 2020 unos 47 millones de pesos para acceder al servicio Echo-Plataforma de Consulta y Análisis de Datos Masivos, que proporciona la empresa Neolinx de México, el cual le permite realizar más de 135 mil geolocalizaciones de teléfonos celulares. Dicha plataforma permite además la geolocalización en tiempo real de equipos de comunicación, celulares y teléfonos de las compañías Telmex, Telcel, Axtel, Izzi, Movistar, AT&T, y otras empresas similares.

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