Más de medio millón de dólares en un solo día. Esa cantidad es la que recibió la esposa del presidente de México el viernes 14 de julio de 2006, en dos traspasos realizados a la cuenta 00177617256 de Banorte. El malogrado sexenio del cambio estaba en su último tramo, y Vicente Fox enfrentaba un alud de acusaciones de corrupción que involucraban a su pareja, Marta Sahagún. Apenas dos semanas antes se habían efectuado los comicios en los que el candidato panista Felipe Calderón Hinojosa había sido electo el sucesor de Fox, con un margen mínimo frente a Andrés Manuel López Obrador.
Mientras el país estaba envuelto en un debate sobre la legalidad de la elección, Sahagún recibió un par de transferencias en una cuenta bancaria que compartía con su hijo Fernando Bribiesca Sahagún, y que juntas sumaron 6,063,000 pesos. Al tipo de cambio de aquellos días (10.90 pesos), los traspasos equivalían a 556,000 dólares. Una pequeña fortuna que nunca fue reportada en la declaración patrimonial de la autonombrada pareja presidencial. Las sospechas de corrupción se acentuaron cuando brotó el origen de ese dinero: correspondía a utilidades que el Grupo Estrella Blanca le reportaba cada mes al hijo menor de Sahagún, y que éste compartía con su mamá en una cuenta mancomunada.
Aquellas transferencias en realidad eran apenas una pequeña porción de las millonarias ganancias que obtuvo en el sexenio. La cuenta de Banorte en la que Marta y Fernando Bribiesca eran cotitulares recibió depósitos por 12,315,000 pesos tan sólo entre 2005 y 2006, la mayor parte provenientes de la empresa transportista que había sido favorecida con multimillonarios contratos gubernamentales. Que el hijastro de un mandatario esté metido en negocios no tiene nada de ilegal, pero sí representa un conflicto de intereses que esas operaciones comerciales las haga con un proveedor del gobierno, y mucho más que la esposa del presidente reciba transferencias por utilidades de esos enjuagues entre particulares.
Durante el sexenio foxista abundaron las transferencias misteriosas, de origen desconocido, a cinco cuentas bancarias de Marta Sahagún. La señora recibía por distintas vías el doble de dinero que el sueldo de su marido. Por cada peso que Fox ganó como presidente, Marta cobró al menos otros dos pesos por conceptos tan variados como donativos, herencias, rentas, préstamos, utilidades y transferencias. Ese dinero jamás fue declara auditores cuando se metieron a revisar con lupa los bienes de Vicente Fox y de su esposa. Al compulsar las declaraciones patrimoniales con información aportada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ( CNBV ), los investigadores descubrieron inconsistencias por 27,881,694 pesos con 97 centavos, equivalentes a dos y medio millones de dólares al promedio cambiario de aquellos días. El 90 por ciento de ese dinero había sido depositado o transferido a favor de Marta en sucursales de Banorte, Inbursa, BBVA Bancomer y Banamex, y el otro 10 por ciento en dos cuentas a nombre de Vicente.
Tanto dinero sin declarar despertó sospechas. El origen oscuro de esos recursos derivó, al paso de los días, en una investigación por presuntos ilícitos cometidos por Vicente Fox durante su mandato. La Fiscalía especializada para investigar delitos cometidos por políticos y funcionarios mantiene abierta, desde hace una década, la pesquisa para aclarar el enriquecimiento de Fox. La amenaza latente de ir a la cárcel él, su esposa, o ambos, llevó a Vicente a negociar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien ha mantenido vigente la averiguación previa durante todo el sexenio. Es una carta de negociación o chantaje, según convenga.
Vicente Fox acababa de cumplir un año de haber dejado la Presidencia de la República cuando agentes de la Procuraduría General de la República ( PGR ) empezaron a hurgar en las cuentas bancarias y en los documentos de propiedad de él y de su parentela más cercana. Iban en busca de pruebas o evidencias de enriquecimiento ilícito, producto —sospechaban— del cobro de sobornos o el pago de favores.
El 12 de diciembre de 2007 el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos envió un oficio a la Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada en aquellos días por Salvador Vega Casillas, paisano michoacano del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, para pedir que le dieran copias de todos los documentos que integraban las declaraciones patrimoniales de Fox. Pero ya para entonces el contralor tenía un paquete de información más suculento. Su antecesor, Germán Martínez Cázares —quien dejó el gabinete para dirigir el Partido Acción Nacional ( PAN )—, había iniciado una pesquisa sobre los bienes del ex presidente y descubrió información que era una bomba: había decenas de millones de pesos que no habían sido declarados. Una fortuna que había acaparado la familia presidencial de forma oscura. Eran de tal magnitud las irregularidades encontradas que el expediente de la investigación cada día se fue haciendo más abultado, hasta sumar 3,668 fojas en cinco tomos.
Parte de esa información se integró a la averiguación previa que inició la PGR por los presuntos ilícitos cometidos por Fox. Dos meses después de este primer acercamiento, el Ministerio Público envió otra petición a la SFP para obtener más información del citado expediente. La colaboración con el órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo se estrechó al paso de los días hasta integrar una sola investigación del caso. Al frente de la pesquisa estaba Óscar Javier Chino Vite, un joven abogado penalista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ), de militancia priísta, que había iniciado su labor como funcionario público en 1999, en el último tramo del sexenio de Ernesto Zedillo, y que —paradójicamente— logró consolidar su carrera durante el gobierno foxista; inició investigando el tráfico de drogas y en 2006 se incorporó a la unidad encargada de rastrear y denunciar las tropelías de los políticos. Y —vaya paradoja— uno de sus primeros encargos sería seguir las huellas de quien había sido su jefe: el ex presidente Fox.
En septiembre de 2010 Vicente Fox vivía días agitados, de emociones encontradas. El afamado cantante Elton John había aceptado ofrecer un concierto en su rancho, y aquel suceso prometía lanzar a la fama internacional el llamado Centro Fox, donde el ex presidente había edificado un museo en su honor.
La presencia del músico inglés garantizaba, además, la llegada de más ingresos vía donativos a las dos fundaciones que presidían él y su esposa Marta Sahagún. Vicente estaba feliz, pero con los nervios de punta, pues el recital requería una logística de relojero: de máxima precisión. El escenario se pretendía instalar entre sembradíos de brócoli y lo que había sido un establo, a 13 kilómetros al sur de la ciudad de León. Los 10,000 visitantes que esperaba recibir sólo tendrían acceso por una estrecha calle que atraviesa la comunidad de San Cristóbal. Tantos vehículos causarían un caos. Pese a los riesgos, las autoridades de Protección Civil se hicieron de la vista gorda y dieron su anuencia para el concierto que organizaba el ex presidente, programado para el 15 de octubre de 2010.
En esas estaba Vicente Fox, atareado con los preparativos, cuando recibió en su casa una visita inesperada: a la 1:30 p.m. del viernes 24 de septiembre tocó a la puerta de su casa una abogada que desde meses antes investigaba los millonarios depósitos que él y Marta Sahagún habían recibido en nueve cuentas de cuatro bancos entre 2001 y 2006, así como los bienes inmuebles no declarados. Xóchitl Jahel Espíritu Muñoz, quien se desempeñaba como directora de Evolución Patrimonial en el gobierno de Felipe Calderón, le entregó a Vicente un citatorio en el que le daba un plazo de 30 días para demostrar “la legal procedencia de sus bienes” y aclarar las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y fiscales. Para verificar que quien lo había atendido era el ex presidente, la funcionaria le pidió una identificación y él, confundido, mostró su pasaporte y firmó de recibido el citatorio.
Aquel requerimiento no era un asunto menor. De inmediato, Fox llamó a sus abogados y les pidió que hicieran un análisis de las implicaciones de ese exhorto. Conforme revisaban el expediente que había entregado la investigadora, las cejas se arqueaban y se fruncían en una mezcla de sorpresa y enojo. Al final, las caras largas y las voces graves demostraron la seriedad de la acusación: la SFP había descubierto 27 millones de pesos de origen desconocido en las cuentas bancarias de Fox y su esposa.
Los asesores legales de la otrora pareja presidencial reconocieron que si no se comprobaba el origen lícito de ese dinero, lo que procedía era presentar una denuncia penal. La sola posibilidad de ir a la cárcel o ser sometido a juicio despertó la furia de Vicente, quien achacó la investigación a una venganza de Felipe Calderón, al que había echado de su gabinete en 2004, cuando el michoacano expresó su intención de ser el candidato panista a la presidencia. Sus diferencias se acentuaron y se volvieron odio. Aquel día de septiembre Fox dio un viraje radical y juró vengarse.
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Fragmento del libro Fox: negocios a la sombra del poder, del periodista Raúl Olmos, que reproducimos con permiso de la editorial Grijalbo.
