Tras informar que la mina cuya presa de jales derramó líquidos tóxicos al lecho del río Tamazula, ha sido clausurada por parte de autoridades federales dado que operaba de manera clandestina, y sus dueños obligados a llevar a cabo de manera inmediata obras de remediación a fin de evitar mayor daño a los cuerpos de agua, el titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Arturo Galindo, subrayó que mediante acciones coordinadas entre instancias federales, municipales y estatales tanto de Sinaloa como de Durango, se ha contenido el problema y están en espera solamente de los resultados que arrojen las pruebas de toxicidad que se efectúan a muestras de agua.
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Entrevistado en su despacho de avenida Guadalupe Victoria en la ciudad de Durango, el funcionario explicó que se llevó a cabo una reunión el pasado martes en Tamazula, con autoridades de los tres niveles de gobierno, en lo estatal incluyendo representantes obviamente de Durango y también de Sinaloa; “el objetivo fue conocer detalles del estatus al momento y sobre todo, en lo relativo a la parte de todas las obras de remediación que se están haciendo en la planta de jales, y que tanto Tamazula como Sinaloa cuenten con la certeza de que se está trabajando en la atención de esta problemática”.
En el caso de la Profepa, detalló Galindo Cabada, quedó claro que la planta, que no es una mina, es decir, no es un espacio de extracción, sino de procesos, está clausurada de manera total en su operación, más no en la realización de obras tendientes a superar la circunstancia, a las que se obligó a los propietarios, que en una primera instancia habrán de efectuarlas ellos mismos, los dueños, según el detalle aportado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, aunque a profundidad se les va a obligar a que una empresa certificada pueda dar seguimiento al avance.
Reconoció que lo que en este momento sí preocupa, es precisamente la parte correspondiente a las condiciones del clima, porque hay lluvia en esta región de la entidad a partir de la influencia de la tormenta tropical “Lidia”, lo que pudiera en un momento dado, provocar que los residuos tóxicos que pudieran haber quedado en el lecho del río Tamazula, escurrieran a partir de nuevas avenidas, en una condición que sí generaría mayor riesgo.
"Todo esto independientemente de que las instancias federales encabezadas por Profepa, iniciaron ya los procedimientos administrativos y penales, etcétera, para darle seguimiento al asunto".
Explicó que en efecto, de acuerdo con la información preliminar, todo indica que la empresa estaba operando de manera clandestina, sin permisos, y el seguimiento a este apartado corresponde a la propia Profepa, a Semarnat y Conagua, dado que se trata de un tema federal.
A pregunta expresa, indicó que la Coordinación Estatal de Protección Civil en colaboración con otras instancias estatales, como lo es la CAED, “estamos atendiendo por instrucciones del gobernador Esteban Villegas, lo relativo a la atención social, porque nos preocupa la salud de las personas, el desabasto de agua".
Por eso, "hemos acompañado a las instancias federales para que también nosotros podamos tener certeza de lo que se está haciendo nos garantice que el problema no crezca".
Por el otro lado, junto con Conagua y CAED, indicó que coordinan el abasto del agua sobre todo en la cabecera municipal de Tamazula, "donde tenemos alrededor de 18 mil habitantes, y donde por cuestiones de seguridad se cortó el abasto de los pozos alimentadores".
Asimismo agregó, "hasta el momento sentimos cierta tranquilidad, luego de que tras las pruebas rápidas arrojan resultados favorables, sin embargo, sí es necesario tener toda la certeza de que no tenemos mayor problema en la región".
Finalmente, anotó que en Sinaloa, las autoridades de aquella entidad, informaron que se construyó una represa de manera preventiva antes de la presa Sanalona, para que los escurrimientos del río, que son escasos, se puedan controlar para en caso de que las pruebas arrojaran resultado negativos.
