De acuerdo con la Ley de Disciplina financiera, los estados tienen un tope en los montos que se registran como deuda pública, sin embargo de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante la pasada administración estatal se adquirió deuda que no fue registrada de la manera correcta, de ahí que en esta auditoría se tiene un señalamiento por 500 millones de pesos correspondientes a este rubro específicamente.
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Según información proporcionada por la titular de la Secretaría de la Contraloría en el Estado (Secoed), Tania Julieta Hernández Maldonado, además del monto relacionado con la deuda, también se incluye un pago de intereses moratorios, el cual es considerado como un daño al erario público pues estos fueron pagados por el Gobierno estatal actual a fin de poder salir del semáforo rojo en el que cayó Durango derivado del endeudamiento que se tenía.
“Para salir de este semáforo tuvimos que pagar con intereses aunque a nosotros no nos corresponde esa deuda como administración para que las finanzas pudieran subsanarse un poco”, comentó la contralora estatal, quien señaló que estos intereses se suman al monto total de observaciones.
Aunque es la Secretaría de Finanzas la más señalada por la ASF, pues finalmente son ellos quienes reciben el dinero y lo reparten a otras instancias, no obstante también existen otras dependencias como la Secretaría de Obras Públicas, debido a la ejecución de obras; además de Secretaría de Salud y Educación debido a los montos que ellos manejan para la operatividad de los programas.
“Nosotros tenemos la obligación de entregar lo que tengamos y la ASF en su momento tendrá que hacer, como lo ha hecho en otros años, también las denuncias y los procedimientos correspondientes ante la Fiscalía y ante los mismos Tribunales de Justicia Administrativa”, dijo Hernández Maldonado.
No obstante explicó que el hecho de contar con una falta administrativa no necesariamente constituye un delito, aunque en el caso de del desvío de recursos obligatoriamente señala una falta administrativa y es considerado un delito grave pues es un mal trabajo de un funcionario público.
Explicó que el Gobierno estatal ya hizo su parte a través de las investigaciones, solventación de lo que se puede y las denuncias presentadas ante las instancias judiciales correspondientes por aquellos faltantes; aunado a ello se coopera en la investigación que realiza por su parte la ASF, pues la intención es recuperar los tres mil 940 millones de pesos pendiente de justificar.
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