La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evalúapresentar un recurso legal en contra de la reciénaprobada Ley de Seguridad Interior que pretende regular lasoperaciones de las fuerzas armadas en las calles yamplía sus facultades para actuar cuando se determine que existeuna amenaza a la seguridad interior.
La CNDH dijo en un comunicado la noche del sábado que consideraque la Ley de Seguridad Interior genera la posibilidad deque se vulneren derechos y libertades básicas, afecta el diseño yequilibrio entre instituciones, órganos del Estado ypoderes, y posibilita que se impongan estados deexcepción a la convivencia democrática entre los mexicanos.
El recurso legal llamado "acción deinconstitucionalidad" sería presentado ante la SupremaCorte de Justicia de la Nación.
La ley fue aprobada en el Congreso el viernes pese aenérgicas críticas de organismos como la Organización deNaciones Unidas (ONU), y ahora debe ser promulgada por elpresidente Enrique Peña Nieto, cuyo Gobierno la respalda.
La CNDH "reitera que la atención a los problemas deseguridad y justicia que enfrenta el país, debe emprenderse bajoun enfoque integral que (...) se ocupe del conjunto defactores que generan o propician las actividades delictivas, asícomo del desarrollo de capacidades y recursos para la efectivapersecución y combate de las actividades ilícitas", destacó.
La CNDH exhortó al presidente a formular observacionesal proyecto de ley, para desecharla o regresarla a loslegisladores a fin de que sea discutida nuevamente.
Desde el 2006, diferentes gobiernos enviaron a miles demilitares a los puntos más violentos del país para combatir a loscárteles de la droga ante la debilidad y corrupción delos cuerpos policíacos.
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El ejército mexicano ha solicitado una ley pararegular su operación y al mismo tiempo un mecanismo que fije unafecha para regresar a sus cuarteles pues la instituciónno fue creada para combatir a cárteles de la droga y otrosdelitos.
Sin embargo, críticos creen que la ley provocaríamás violaciones a los derechos humanos y violencia, así comoabusos por parte de las fuerzas armadas , que en el pasadohan sido acusadas de ejecuciones arbitrarias, torturas y otrosdelitos.
La ley contempla, entre otras medidas, la intervenciónde militares y marinos para controlar actos de resistencia, lo queactivistas consideran una amenaza a posibles protestas deciudadanos a meses de las elecciones presidenciales del2018.
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