/ domingo 22 de marzo de 2020

La transición democrática en México: del 68 a la 4T, vista en primera persona: El Pacto y las reformas “Estructurales”

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Un día después de que Enrique Peña Nieto (EPN) tomó posesión formal de su cargo como Presidente de la República, los dirigentes de los tres principales partidos políticos nacionales, PRI, PAN y PRD, suscribieron el denominado Pacto “por” México que ya se había concretado desde varios meses antes, solo que fue hasta esta fecha cuando se hizo público. Inicialmente, el Pacto “por” México fue acordado por el PRIAN quien para legitimarlo y asegurar su éxito decidieron invitar tanto al PRD como Andrés Manuel (AMLO).



Pero mientras que AMLO rechazó tajantemente la invitación, la dirigencia perredista de inmediato la aceptó, pese a la oposición no sólo del excandidato presidencial, sino también del núcleo perredista encabezado por René Bejarano y Dolores Padierna, así como de otras pequeñas corrientes del mismo partido. Es importante recordar que por lo menos desde finales del 2008, la dirección del PRD para entonces cada vez más cercana al grupo en el poder en turno, se encontraba en manos de Los Chuchos, presidido en ese momento por Jesús Zambrano, quien paradójicamente, durante los años setenta, había militado en la Liga Comunista 23 de Septiembre.

El Pacto “por” México tuvo como supuestos objetivos básicos aprobar las erróneamente llamadas reformas estructurales en por lo menos tres ámbitos de la vida pública nacional: telecomunicaciones, educación y materia fiscal. Aunque de éstas tres, la más polémica y difícil de concretar por parte del Estado fue la educativa.

Por eso, entre el 19 y 21 de diciembre del 2012, totalmente al margen de los interesados, es decir los maestros, primero en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores, los legisladores del PRI, PAN, PVEM y una parte del PRD, aprobaron una serie de enmiendas de los artículos 3º. y 73º. Constitucionales, por medio de las cuales se estableció llevar a cabo una evaluación para el ingreso y la promoción de dicho sector.

Pero aunque las enmiendas fueron presentadas con el nombre de “reforma educativa” y con las cuales, supuestamente, se vería mejorada sustancialmente la calidad de la enseñanza básica nacional, lo cierto es que esto era falso. De esta manera, la cacareada reforma “educativa”, ampliamente apoyada por diversos grupos de interés empresarial como, por ejemplo, fue el encabezado por Claudio X González, más bien se trataba de una verdadera contrarreforma laboral o administrativa más no educativa, como atinadamente, en su momento, la caracterizó el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM. Ya que lejos de mejorar la educación en México, afectaba muy seriamente, tanto la situación académica como laboral de ese noble y sacrificado sector.

Por tal razón, cuando dicha contrarreforma fue aprobada, hasta Elba Esther Gordillo se opuso a la misma, al tiempo que anunció que iniciaría una “resistencia pacífica y civilizada” para combatirla. Dos meses después de ser aprobada, el 25 de febrero del 2013, y no obstante las masivas manifestaciones de protesta y los miles de amparos solicitados en contra de la reforma, acompañado de la clase política oficial y opositora, EPN la promulgó en Palacio Nacional. Sin embargo, la gran ausente de ese parafernalio evento fue Elba Esther, quien un día después fue detenida por la Procuraduría General de la República, acusada del delito de lavado de dinero y de desviar las cuotas de los miembros del SNTE.

Y aunque la detención de la polémica maestra se presentó públicamente como un hecho meramente punitivo, en el fondo dicha detención tenía los siguientes objetivos: a) un acto de legitimación de principios del sexenio de EPN, de la misma forma en que históricamente lo habían hecho en su momento, otros presidentes de la República. Uno de ellos fue precisamente Carlos Salinas, quien en 1989 encarceló a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, b) quitarle a la reforma educativa a un probable foco de resistencia encabezado por el SNTE, tal y como la Maestra ya lo había anunciado, y, c) evitar una eventual alianza coyuntural entre el SNTE y la CNTE, puesto que por lo menos en esta cuestión que a ambos afectaba, seguramente tendrían un objetivo en común: echar para abajo la reforma “educativa” peñista.

Desmantelada la dirección del SNTE, tras el encarcelamiento de Elba Esther, quien por cierto antes había sido una importante aliada política de EPN así como de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el nuevo gobierno impuso a una dirección magisterial más ad hoc a sus intereses políticos, misma que de inmediato se sumó al apoyo de la reforma “educativa” peñista.

Pero aunque en un instante EPN pudo desarticular una eventual oposición del SNTE a su reforma, no tuvo la misma suerte con la activa y politizada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada desde finales de los años setenta y la cual, pese a la intensa represión desatada en su contra que le dejó cientos de despidos, encarcelamientos, y hasta muertos, más pronto de lo esperado logró capitalizar el descontento y movilizar a miles y miles de docentes en diferentes estados del país. Movilizaciones que de una u otra forma coadyuvaron para que, finalmente, la reforma “educativa” peñista resultara ser un rotundo fracaso, puesto que sus operadores políticos, los titulares de la SEP, nunca pudieron echarla a caminar. Esto es, ni Emilio Chauyffet que tuvo que dejar el cargo y mucho menos Arturo Nuño, quien carente de la más mínima visión y sensibilidad política, durante todo el tiempo en que fungió como secretario de Estado, nunca conoció ninguna otra forma para imponerla, más que el uso de la fuerza. Y así quería ser candidato presidencial del PRI. ¡Imagínemelo! Pese a esto, era de los funcionarios más inteligentes y capaces que tenía EPN y por eso lo pusieron a coordinar la campaña presidencial priista de José Antonio Meade Kuribeña.

Luego de la reforma “educativa” y superada una confrontación que persistió en el seno del Congreso, durante el mes de mayo de 2012, el Senado de la República aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones. Igualmente, en la Cámara Baja, pero con el voto del PRI, PRD, PVEM y PANAL también se aprobó la reforma fiscal la cual no fue apoyada por el PAN, el cual después se convirtió en un permanente detractor de la misma.

Sin embargo, para EPN y el grupo de neoliberales que como títere lo habían sentado en la silla presidencial, lo que más les importaba del susodicho Pacto era la reforma energética: privatizar la industria petrolera y eléctrica. Y por eso mismo, ahora que se tenía asegurada tanto la mayoría absoluta como calificada en ambas cámaras, había que aprovechar el momento para llevarla a cabo reformando los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Para justificar su proyecto, empezaron a propagandizar la multicitada cantaleta de que ambas industrias ya estaban en ruinas, que eran ineficaces, monopólicas y que dominadas por la corrupción. En cambio con la privatización vendrían los inversionistas de todos lados con muchísimo dinero en la bolsa, habría muchos empleos, todo se abarataría. En síntesis, los mexicanos deberíamos prepararnos para administrar la riqueza.

Empero, inicialmente, ni EPN como tampoco sus alfiles en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, Beltrones y Gamboa Patrón, dijeron una sola palabra de cuál era la esencia con la firma del famoso “Pacto por México” que finalmente se convirtió en un verdadero pacto de unos cuantos, pero en contra de la mayoría de los mexicanos.

De esta manera, con el recinto de la Cámara de Senadores amurallado, cercado y resguardado con miles de policías, por 95 votos a favor provenientes de los senadores del PRI, PAN, PVEM y PANAL y 28 en contra de los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el día 10 de diciembre de 2013 se aprobó la reforma energética y con la cual se abrieron la puertas a las compañías extranjeras para que pudieran explotar el petróleo, el gas y participar en la generación de electricidad. Antes, todo esto era facultad del Estado. Dos días después, y en los mismos términos, también en la Cámara de Diputados se aprobó la citada reforma por 353 votos a favor y 134 en contra. En la Cámara Baja, las tendencias partidistas fueron exactamente las mismas que en el Senado. Una vez aprobada esta reforma, el señor Beltrónes quien siempre fue un importante partidario de las reformas neoliberales, calificó de “hipócritas nacionalistas” a quienes se opusieron a ellas.

Luego de la concreción de las reformas estructurales que anteriormente ninguno de los presidentes neoliberales había podido lograr, algunos organismos y publicaciones internacionales como las revista Time y la Británica Banker, destacaron el supuesto liderazgo de EPN y Luis Videgaray. Por su parte en México, en una concentración que el día 31 de enero de 2014 tuvo lugar en el Zócalo, Cuauhtémoc Cárdenas llamó a construir un gran frente en contra de las reformas estructurales. En el mismo tenor, el día 5 de febrero, en la Procuraduría General de la República, MORENA interpuso una demanda penal en contra de EPN por “Traición a la patria, por promover una reforma energética que vulnera la independencia y soberanía nacionales”. La demanda nunca prosperó.

La oposición más importante a la privatización siempre provino de MORENA, quien antes de que ésta se concretara llevó a cabo una serie de acciones para evitarla. Igualmente, el PT también se sumó a las protestas obradoristas. Mientras que en el caso del PRD su oposición a la reforma fue muy tímida y se conoció hasta el último momento, después de que ya había legitimado el célebre Pacto contra México y votado en favor de las reformas en telecomunicaciones, educativa, laboral, política y fiscal.

Por lo demás, el hecho de que el PRD haya aceptado sumarse al Pacto “por” México fue la gota que finalmente derramó el vaso para que AMLO, quien históricamente le había allegado millones de votos y por lo consiguiente una gran cantidad de cargos de elección popular a este partido, primero como dirigente nacional y después como jefe de Gobierno del Distrito Federal y dos veces candidato presidencial, el día 9 de septiembre del 2012, con un Zócalo de la Ciudad de México completamente lleno, anunció que: “en los mejores términos” se separaba del PRD y que posteriormente decidiría si MORENA, la corriente que él había conformado y en la que militaba, continuaba como asociación civil o más tarde se constituiría en un nuevo partido político nacional, tal y como sucedió en el 2014.

Seguramente, en ese momento, nadie se imaginó que implícitamente se estaba anunciando la sentencia de muerte y cavando la tumba del referente político partidario más grande y consolidado que hasta entonces había tenido la izquierda mexicana, el PRD. En los actuales momentos a punto de desaparecer.


* Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Email: elpozoleunam@hotmail.com

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Un día después de que Enrique Peña Nieto (EPN) tomó posesión formal de su cargo como Presidente de la República, los dirigentes de los tres principales partidos políticos nacionales, PRI, PAN y PRD, suscribieron el denominado Pacto “por” México que ya se había concretado desde varios meses antes, solo que fue hasta esta fecha cuando se hizo público. Inicialmente, el Pacto “por” México fue acordado por el PRIAN quien para legitimarlo y asegurar su éxito decidieron invitar tanto al PRD como Andrés Manuel (AMLO).



Pero mientras que AMLO rechazó tajantemente la invitación, la dirigencia perredista de inmediato la aceptó, pese a la oposición no sólo del excandidato presidencial, sino también del núcleo perredista encabezado por René Bejarano y Dolores Padierna, así como de otras pequeñas corrientes del mismo partido. Es importante recordar que por lo menos desde finales del 2008, la dirección del PRD para entonces cada vez más cercana al grupo en el poder en turno, se encontraba en manos de Los Chuchos, presidido en ese momento por Jesús Zambrano, quien paradójicamente, durante los años setenta, había militado en la Liga Comunista 23 de Septiembre.

El Pacto “por” México tuvo como supuestos objetivos básicos aprobar las erróneamente llamadas reformas estructurales en por lo menos tres ámbitos de la vida pública nacional: telecomunicaciones, educación y materia fiscal. Aunque de éstas tres, la más polémica y difícil de concretar por parte del Estado fue la educativa.

Por eso, entre el 19 y 21 de diciembre del 2012, totalmente al margen de los interesados, es decir los maestros, primero en la Cámara de Diputados y después en la de Senadores, los legisladores del PRI, PAN, PVEM y una parte del PRD, aprobaron una serie de enmiendas de los artículos 3º. y 73º. Constitucionales, por medio de las cuales se estableció llevar a cabo una evaluación para el ingreso y la promoción de dicho sector.

Pero aunque las enmiendas fueron presentadas con el nombre de “reforma educativa” y con las cuales, supuestamente, se vería mejorada sustancialmente la calidad de la enseñanza básica nacional, lo cierto es que esto era falso. De esta manera, la cacareada reforma “educativa”, ampliamente apoyada por diversos grupos de interés empresarial como, por ejemplo, fue el encabezado por Claudio X González, más bien se trataba de una verdadera contrarreforma laboral o administrativa más no educativa, como atinadamente, en su momento, la caracterizó el doctor Enrique Graue, rector de la UNAM. Ya que lejos de mejorar la educación en México, afectaba muy seriamente, tanto la situación académica como laboral de ese noble y sacrificado sector.

Por tal razón, cuando dicha contrarreforma fue aprobada, hasta Elba Esther Gordillo se opuso a la misma, al tiempo que anunció que iniciaría una “resistencia pacífica y civilizada” para combatirla. Dos meses después de ser aprobada, el 25 de febrero del 2013, y no obstante las masivas manifestaciones de protesta y los miles de amparos solicitados en contra de la reforma, acompañado de la clase política oficial y opositora, EPN la promulgó en Palacio Nacional. Sin embargo, la gran ausente de ese parafernalio evento fue Elba Esther, quien un día después fue detenida por la Procuraduría General de la República, acusada del delito de lavado de dinero y de desviar las cuotas de los miembros del SNTE.

Y aunque la detención de la polémica maestra se presentó públicamente como un hecho meramente punitivo, en el fondo dicha detención tenía los siguientes objetivos: a) un acto de legitimación de principios del sexenio de EPN, de la misma forma en que históricamente lo habían hecho en su momento, otros presidentes de la República. Uno de ellos fue precisamente Carlos Salinas, quien en 1989 encarceló a Joaquín Hernández Galicia, La Quina, b) quitarle a la reforma educativa a un probable foco de resistencia encabezado por el SNTE, tal y como la Maestra ya lo había anunciado, y, c) evitar una eventual alianza coyuntural entre el SNTE y la CNTE, puesto que por lo menos en esta cuestión que a ambos afectaba, seguramente tendrían un objetivo en común: echar para abajo la reforma “educativa” peñista.

Desmantelada la dirección del SNTE, tras el encarcelamiento de Elba Esther, quien por cierto antes había sido una importante aliada política de EPN así como de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, el nuevo gobierno impuso a una dirección magisterial más ad hoc a sus intereses políticos, misma que de inmediato se sumó al apoyo de la reforma “educativa” peñista.

Pero aunque en un instante EPN pudo desarticular una eventual oposición del SNTE a su reforma, no tuvo la misma suerte con la activa y politizada Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada desde finales de los años setenta y la cual, pese a la intensa represión desatada en su contra que le dejó cientos de despidos, encarcelamientos, y hasta muertos, más pronto de lo esperado logró capitalizar el descontento y movilizar a miles y miles de docentes en diferentes estados del país. Movilizaciones que de una u otra forma coadyuvaron para que, finalmente, la reforma “educativa” peñista resultara ser un rotundo fracaso, puesto que sus operadores políticos, los titulares de la SEP, nunca pudieron echarla a caminar. Esto es, ni Emilio Chauyffet que tuvo que dejar el cargo y mucho menos Arturo Nuño, quien carente de la más mínima visión y sensibilidad política, durante todo el tiempo en que fungió como secretario de Estado, nunca conoció ninguna otra forma para imponerla, más que el uso de la fuerza. Y así quería ser candidato presidencial del PRI. ¡Imagínemelo! Pese a esto, era de los funcionarios más inteligentes y capaces que tenía EPN y por eso lo pusieron a coordinar la campaña presidencial priista de José Antonio Meade Kuribeña.

Luego de la reforma “educativa” y superada una confrontación que persistió en el seno del Congreso, durante el mes de mayo de 2012, el Senado de la República aprobó la reforma en materia de telecomunicaciones. Igualmente, en la Cámara Baja, pero con el voto del PRI, PRD, PVEM y PANAL también se aprobó la reforma fiscal la cual no fue apoyada por el PAN, el cual después se convirtió en un permanente detractor de la misma.

Sin embargo, para EPN y el grupo de neoliberales que como títere lo habían sentado en la silla presidencial, lo que más les importaba del susodicho Pacto era la reforma energética: privatizar la industria petrolera y eléctrica. Y por eso mismo, ahora que se tenía asegurada tanto la mayoría absoluta como calificada en ambas cámaras, había que aprovechar el momento para llevarla a cabo reformando los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Para justificar su proyecto, empezaron a propagandizar la multicitada cantaleta de que ambas industrias ya estaban en ruinas, que eran ineficaces, monopólicas y que dominadas por la corrupción. En cambio con la privatización vendrían los inversionistas de todos lados con muchísimo dinero en la bolsa, habría muchos empleos, todo se abarataría. En síntesis, los mexicanos deberíamos prepararnos para administrar la riqueza.

Empero, inicialmente, ni EPN como tampoco sus alfiles en las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, Beltrones y Gamboa Patrón, dijeron una sola palabra de cuál era la esencia con la firma del famoso “Pacto por México” que finalmente se convirtió en un verdadero pacto de unos cuantos, pero en contra de la mayoría de los mexicanos.

De esta manera, con el recinto de la Cámara de Senadores amurallado, cercado y resguardado con miles de policías, por 95 votos a favor provenientes de los senadores del PRI, PAN, PVEM y PANAL y 28 en contra de los legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el día 10 de diciembre de 2013 se aprobó la reforma energética y con la cual se abrieron la puertas a las compañías extranjeras para que pudieran explotar el petróleo, el gas y participar en la generación de electricidad. Antes, todo esto era facultad del Estado. Dos días después, y en los mismos términos, también en la Cámara de Diputados se aprobó la citada reforma por 353 votos a favor y 134 en contra. En la Cámara Baja, las tendencias partidistas fueron exactamente las mismas que en el Senado. Una vez aprobada esta reforma, el señor Beltrónes quien siempre fue un importante partidario de las reformas neoliberales, calificó de “hipócritas nacionalistas” a quienes se opusieron a ellas.

Luego de la concreción de las reformas estructurales que anteriormente ninguno de los presidentes neoliberales había podido lograr, algunos organismos y publicaciones internacionales como las revista Time y la Británica Banker, destacaron el supuesto liderazgo de EPN y Luis Videgaray. Por su parte en México, en una concentración que el día 31 de enero de 2014 tuvo lugar en el Zócalo, Cuauhtémoc Cárdenas llamó a construir un gran frente en contra de las reformas estructurales. En el mismo tenor, el día 5 de febrero, en la Procuraduría General de la República, MORENA interpuso una demanda penal en contra de EPN por “Traición a la patria, por promover una reforma energética que vulnera la independencia y soberanía nacionales”. La demanda nunca prosperó.

La oposición más importante a la privatización siempre provino de MORENA, quien antes de que ésta se concretara llevó a cabo una serie de acciones para evitarla. Igualmente, el PT también se sumó a las protestas obradoristas. Mientras que en el caso del PRD su oposición a la reforma fue muy tímida y se conoció hasta el último momento, después de que ya había legitimado el célebre Pacto contra México y votado en favor de las reformas en telecomunicaciones, educativa, laboral, política y fiscal.

Por lo demás, el hecho de que el PRD haya aceptado sumarse al Pacto “por” México fue la gota que finalmente derramó el vaso para que AMLO, quien históricamente le había allegado millones de votos y por lo consiguiente una gran cantidad de cargos de elección popular a este partido, primero como dirigente nacional y después como jefe de Gobierno del Distrito Federal y dos veces candidato presidencial, el día 9 de septiembre del 2012, con un Zócalo de la Ciudad de México completamente lleno, anunció que: “en los mejores términos” se separaba del PRD y que posteriormente decidiría si MORENA, la corriente que él había conformado y en la que militaba, continuaba como asociación civil o más tarde se constituiría en un nuevo partido político nacional, tal y como sucedió en el 2014.

Seguramente, en ese momento, nadie se imaginó que implícitamente se estaba anunciando la sentencia de muerte y cavando la tumba del referente político partidario más grande y consolidado que hasta entonces había tenido la izquierda mexicana, el PRD. En los actuales momentos a punto de desaparecer.


* Profesor e investigador de carrera en la UNAM. Email: elpozoleunam@hotmail.com

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