A confesión de parte, relevo de pruebas, dice un precepto jurídico.

Ni sabemos qué le pasó a la mandamás de los burócratas municipales, Licha García, que acepta que 10 trabajadores pagados por el Municipio se desempeñan en sus negocios.

Y dice que está contemplado en el contrato de trabajo.

Si eso es cierto, la lideresa queda exenta y abría que apretarle las tuercas a la parte patronal.

Habla además de 60 trabajadores comisionados, o sea, aquellos que desempeñan otra labor que no es por la que cobran.

El vicio de los comisionados se les ha cargado tradicionalmente a los líderes sindicales, especialmente a los profesores.

Pero es injusto, los profesores piden la comisión, el culpable es la autoridad, que se las concede.

Pero esto no va a cambiar.

En Durango se puede infringir la ley descaradamente y a la autoridad, para no meterse en problemas, mejor voltea para otro lado.

¿Y la Comisión Anticorrupción?

Goza de cabal salud.

Insisto, en esta Comisión, que no es la única, se tiran lastimosamente los impuestos de los contribuyentes.

Un solitario ladrón, armado con un cuchillo, asaltó una pastelería del bulevar Francisco Zarco.

Pero este ladrón, como ciudadano responsable, llevaba cubrebocas. No sea que lo fueran a multar.

Y a propósito, como que las restricciones no son al parejo.

En algunas tiendas de conveniencias, sólo en algunas, no permiten la entrada a embarazadas, niños, ni viejos, y limitan el acceso a una persona.

Pero en otras, el acceso es libre, nomás con la exigencia del cubrebocas y aceptan hasta a 10 personas.

Lo que es parejo no es chipotudo, dicen en mi tierra.

Me pregunto, ¿quién va a fijar y aplicar la sanción al diputado José Antonio Ochoa?

¿El Congreso?

¿Juez y parte?

Gerardo Bonilla, secretario general del Congreso, es alguien que se desempeña con mucho acierto.

Su manejo del administrativo no está cuestionado.

Su trato con el personal y con el público es cortés.

Hacen falta muchos funcionarios como él.