Al menos cuatro personas que fungían como administradores de los hospitales Del Parque y Dickava, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en los casos de meningitis micótica que se reportaron en Durango desde finales de octubre del año pasado y que a la fecha han quitado la vida a 36 personas.
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En rueda de prensa, la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, anunció el arresto de Sandra, Ilse, David Erasmo y José Miguel, quienes fungían como administradores de referidas clínicas particulares y a quienes se les acusa por la presunción de los delitos de homicidio y lesiones.
En ambos hospitales, según información de la Fiscalía General del Estado (FGE), se dieron al menos 62 de los 80 casos de meningitis que hay en el estado, de estos han perdido la vida 32 de las 36 víctimas, además de resultar lesionadas 30 personas.
De ahí que a inicios de este 2023 fue la propia fiscal de Durango, quien aseguró que el brote inició en el Hospital del Parque y de ahí se trasladó al Dickava donde de acuerdo con las investigaciones realizadas por la Comisión federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la propia FGE, se concentran 11 casos que han dado positivo a meningitis micótica, por lo que dueños y administradores de este último fueron detenidos por el delito de lesiones.
De acuerdo con información de la funcionaria estatal, los acusados ya fueron presentados ante el juez, sin embargo estos renunciaron al plazo y término que tenían para preparar su defensa, por lo que fueron vinculados a proceso y deberán responder por los hechos que se les imputan.
De la Garza Fragoso aseguró que se continúa con las investigaciones complementarias a fin de judicializar las carpetas de investigación y en cada uno de los casos se continúe con la vinculación a proceso “en el momento de considerarlos responsables reparen el daño, independiente a lo que corresponde conforme a la Ley Penal”.
Con estas últimas, ya suman ocho personas detenidas por las autoridades, cinco de los cuales pertenecen a la administración de los hospitales privados en cuestión; un médico anestesiólogo y dos exfuncionarios estatales que pertenecían a la Coprised, estos últimos con apoyo de la Fiscalía Anticorrupción.
