Promueven reformas en el actuar de la CEDH

Con la finalidad de incluir los principios de igualdad de género y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en todas las actuaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado Londres Botello Castro propone reformar la Ley que rige al organismo constitucional autónomo.

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“Todas a las actuaciones de la Comisión deben ir enfocadas a velar y garantizar de manera plena los derechos de nuestros menores de edad, lo que guiará el diseño, ejecución y seguimiento de las acciones por parte de la Comisión, así como observar el principio de igual de género en la defensa de los derechos humanos de las y los duranguenses”, señaló Botello Castro

El legislador enfatizó que esta perspectiva permitirá aprovechar la diversidad humana como una fuente de fortaleza para superar los desafíos. La aplicación de estos principios se vuelve esencial en la misión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se integra de manera fundamental en sus principios rectores.

Promueven reforma de igualdad de género e interés superior de la niñez de la CEDH / Foto: Archivo | El Sol de Durango

Jurisdicción de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Durango

Botello Castro también aclara que la CEDH tiene como función principal la protección, el respeto, la prevención y la promoción de los derechos humanos, tal como se establece en la Constitución federal y local, así como en la Ley que regula su funcionamiento y los tratados internacionales.

La propuesta legislativa incluye la posibilidad de no esperar a la conclusión de las investigaciones realizadas por el personal de la Comisión para emitir recomendaciones en casos de violaciones a los derechos humanos, siempre y cuando se acrediten los hechos antes de que estas investigaciones finalicen.

Para concluir, resaltó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene jurisdicción en todo el territorio del Estado de Durango y está facultada para atender quejas relacionadas con actos u omisiones de naturaleza administrativa o laboral que puedan implicar violaciones a los derechos humanos, independientemente de si estos actos son cometidos por funcionarios estatales o municipales.