Durango, Dgo (OEM).- Joel Corral Alcántar, diputado local, fijó un posicionamiento sobre el uso responsable del agua, el vital líquido que se escasea de manera veloz en todo el mundo. Desafortunadamente y manera preocupante, se conoce que actualmente el 99 por ciento de los organismos operadores de agua se encuentran financieramente quebrados.
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Según información del presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, dichos organismos viven esta situación lamentable, debido a que carecen de adecuados sistemas de recaudación y falta de normas y tarifas claras aplicables a los grandes consumidores, lo que se traduce para el erario federal en una pérdida mayor a 100 mil millones de pesos anuales.
“A pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alcanzó niveles históricos para obras de infraestructura, al pasar de 23 mil 727 millones en 2019 a 68 mil 485 millones de pesos en 2023 y 62 mil 674 millones a ejercer en este año, el problema de abasto eficiente de agua, además de la intensa sequía que está enfrentando el país, es multifactorial consecuencia de que en las últimas administraciones federales se fue generando una condición de rezago en cuanto a los requerimientos hídricos del país”.
Dijo que según información de los propios organismos, se conoce que solo recaudan 17 mil 500 millones de pesos anuales lo que representa el 28 por ciento del presupuesto federal de la Conagua por la prestación del servicio.
“De tal manera que, de las 3 mil 961 plantas de tratamiento de aguas residuales presentes en el país, 2 mil 500 no operan eficientemente y mil 330 están apagadas o fuera de servicio lo que indica “que se están desperdiciando grandes volúmenes de agua que podrían ser utilizados en la agricultura e industria donde está más del 82 por ciento del consumo en el país”.
“Lo que se enfrenta es una cultura del no pago por ser el acceso al agua un derecho humano que no se puede restringir, pese a que implica bombeo, potabilización y conducción del suministro a los hogares del país. Uno de los temas que más preocupan es la reducción de 14 mil millones de pesos en 2016 a sólo mil 950 millones de pesos de los subsidios del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) destinados a aumentar la cobertura de los servicios de agua potable que prestan los organismos operadores de los municipios en las zonas urbanas y rurales”.
“Ese presupuesto que se asigna a los gobiernos de los estados y municipios es el que acompaña a los organismos operadores para atender sus programas de ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructura, por lo que el recorte podría limitar proyectos de inversión para la gestión y dotación eficiente del agua que por ser un derecho humano es un asunto que debe ser tratado como prioridad nacional”.
