Aunque la homologación de los tiempos electorales para los procesos locales con los federales, implicaría evidentemente varios beneficios, entre los que sobresale el ahorro de recursos públicos, aún existen posturas divididas a favor y en contra del proyecto, sobre todo atribuibles a intereses político partidistas.
Tocará a los diputados locales analizar, discutir, rectificar, rechazar o aprobar en su caso, los ante proyectos de iniciativas de ley que ingresaron al Congreso del Estado, mediante los que se proponen reformas al marco jurídico electoral, tanto en la Constitución como en las leyes secundarias, con el propósito de que los procesos locales coincidan en los tiempos, con los comicios federales.
Casi al empezar la actual Legislatura local, la fracción de Morena, a través del diputado Iván Gurrola Vega, ingresó proyecto de Iniciativa de Ley con la propuesta para emparejar los calendarios de las elecciones constitucionales locales, con las federales.
Mientras que el Tribunal Estatal Electoral envió iniciativa para reformar la Constitución y las Leyes de Procedimientos y Medios de Impugnación, tendiente a que haya concurrencia de las elecciones federales y locales, en fechas coincidentes.
De aprobarse las modificaciones, se considera que motivarían más la participación de los votantes, luego de estudios que se han realizado cuando hay elecciones concurrentes, al disminuir la abstención, y aumentar la incursión a las urnas hasta en un cinco por ciento.
De llevarse a cabo juntos los procesos electorales para presidente de la República, senadores y gobernador, se reducirían los gastos de recursos provenientes del erario público, y además se propiciaría una mayor sinergia entre los órganos jurisdiccionales federales y locales, al organizar de manera conjunta las votaciones.
La controversia no gira en torno a los autores de las propuestas, sino el tiempo en que se reduciría la próxima gubernatura, en caso de que se decidiera igualar los calendarios electorales, ya que hay quienes se pronuncian porque dure dos años, mientras que otros consideran que deberán ser 5 años.
La propuesta de que quien ocupe la gubernatura a partir del 2022 y hasta el 2024, año en que se renovará la Presidencia de la República, así como a los ocupantes de escaños y curules del Congreso de la Unión, es la más viable, según opiniones de partidos como Morena. En el PAN, aún no se han puesto de acuerdo, y hay divergencias en las visiones.
En el PRI, de acuerdo a pronunciamiento del diputado Esteban Villegas, lo más conveniente sería que el sustituto de José Rosas Aispuro Torres, durara en el cargo un lustro, o sea que hasta el 2027, en que coincidiría con la renovación de las diputaciones federales y locales.
La responsabilidad para enmendar o no el marco jurídico electoral, está en la “cancha” de los diputados locales, de acuerdo a los tiempos legales que implicaría la aprobación de una Iniciativa de tal envergadura para que tenga la vigencia deseada.
