Ante la desaparición del Fondo para Desastres Naturales (Fonden), Durango depende, una vez más, del ánimo de funcionarios del Gobierno federal, para que decidan auxiliar con acciones contundentes y oportunas, la situación de emergencia con visos de desastre que provoca el panorama desolador de la sequía.
Según la Conagua, la ausencia de lluvias viene desde el 15 de septiembre del año pasado, lo que ha provocado que los mantos acuíferos disminuyan, las presas tengan niveles mínimos de llenado y los bordos de abrevadero y otros espejos de agua hayan desaparecido.
El patético escenario ya se refleja en un hato ganadero diezmado con la muerte de cerca de 3 mil cabezas, el riesgo de que haya desertificación en una superficie agrícola de más de 27 mil hectáreas, y que ya afecta a más de 100 mil habitantes de 4 mil comunidades que tienen dificultades en el suministro de agua potable.
Con cuadros similares que se han registrado en el pasado, Durango recurría al instrumento del Fonden, con la solicitud, primero, de una valoración oficial de emergencia, que al aprobarse generaba el envío de apoyos extraordinarios en especie. Y de sobrevenir la declaratoria de desastre, se autorizaban recursos etiquetados para realizar obras y acciones que corrigieran los siniestros causados.
Ahora la Ley General de Gestión Integral de Riesgo de Desastre y Protección Civil, que sustituyó al Fonden, adolece de reglas de operación claras, por lo que al plantear que se emitan zonas de emergencia a causa de los efectos nocivos del estiaje, depende en mucho de lo que decidan funcionarios de escritorio, basados en los datos que acompañan las solicitudes, y que también requieren el aval de la Comisión Nacional del Agua.
