Escribo estas líneas con mucha pena y trabajo de entender, porque no puedo asimilar la postura de quienes dirigen a la Universidad Juárez del Estado de Durango, (UJED) en cuanto a la polémica que se ha dado en torno a la suspensión del servicio social, que pese a su fundamentación legal, se suspende por disposición de los mismos directivos, que sin duda actuaron bajo presión política y no repararon en lo que ahora se ven obligados a sostener.
Por supuesto que es muy lamentable el hecho sucedido; pero más lamentable y ruin es que lo hayan politizado y capitalizado como un pretexto, para apoyar la inquietud de los interesados a no volver al medio rural, el que desafortunadamente es avasallado por los estertores del crimen y la miseria y sólo por ambas razones, la burocracia universitaria con la mano en la cintura le generó un flagelo más: la cancelación a su derecho a la salud y que ya está haciendo estragos en el Mezquital, según el diputado Bernabé Aguilar.
Las universidades privadas pueden hacer lo que les de su regalada gana. Pero en este caso como ofendidas, sus directivos han sido cautos y calladitos se han visto más bonitos; no así los de la Universidad Juárez, que para hacer el trabajo sucio se han pintado solos. Y ahí los vimos cancelando un servicio que poco ayudará a las pretensiones coyunturales de unos cuantos y al perjuicio de muchísimos, que por cierto no figuran en sus agendas y eso les ha facilitado cometer semejante barbaridad, la que ahora incluso ha dado pie a que se amparen los pasantes de medicina de La Laguna, para no volver al medio rural.
Reconozco que el tema es muy doloroso, pero de fondo hay que mencionar que la víctima no era alumno de la Universidad Juárez, para que fueran sus directivos los que mayor peso le dieran a la demanda de la desaparición del servicio social, mientras los de su Alma Mater no fueron capaces ni siquiera de enlutar simbólicamente su institución. También hay que destacar que el lamentable suceso no aconteció en las comunidades rurales, para que ahora sean éstas las que por justas e indefensas paguen el pecado.
De ahí que no pude evitar mi repudio al ver a ocho columnas a los directivos juaristas, arrogándose la defensa del derecho a la seguridad de los pasantes, pero omitiendo dolosamente el que en materia de salud a las comunidades corresponde. Además es un hecho en el que debe aplicarse la justicia y no la venganza en los que nada tienen que ver. Pero desafortunadamente la arrogancia y la insensatez, bloquearon la materia gris de quienes unilateralmente se pandearon a un solo lado y reventaron la hebra por lo más delgado, dejando a la zaga a los que consideran peligrosos y delincuentes.
Y he ahí, ufanos y diligentes, haciendo gala de su poder para salvaguardar la integridad de sus futuros colegas, bajo el sustento de la inseguridad de las comunidades rurales que, no conocen y mucho menos habitan. Por eso, con la mano en la cintura las orillan a que la intemperie en que viven sea mayor y la poca ley que los protege olímpicamente la declaren obsoleta.
Mediante el exhibicionismo mediático no pudieron ocultar la cargada hacia su gremio asustado, pero ignoraron a los marginados que no solamente están asustados, sino aterrorizados y sometidos a las reglas criminales, que se han adueñado de sus tierras y sus bienes y que ahora para completar el cuadro de su desgracia, las leyes de la salud se han convertido en parte del problema y eso ha sido suficiente para agraviar a los responsables de las instituciones universitarias, para que con poses de justicia acudan a su derogación.
Así que no le sigamos más y entendamos que lo poco y malo con que contaban las comunidades, ahora se ha reducido a nada y las autoridades gubernamentales muy condescendientes con las determinaciones de las instituciones, que gracias a su autonomía no se pueden tocar ni con el pétalo de una rosa, sólo las manos financieras tienen la capacidad de hacerlo y las estafas maestras se arrogan licencia para meterlas hasta el codo.
