En esta ocasión, el conflicto de Aguilera me ha hecho reflexionar de manera diferente y, no precisamente para que tenga que retractarme de lo que en otras ocasiones he opinado en contra de sus excesos.
Tampoco me valdría de la desgastada sentencia de que “cambiar de opinión es de sabios”, porque mi modesta capacidad está muy lejos de caber en ella. Sin embargo, eso no me limita para expresar mi preocupación sobre la situación de los egresados de la citada institución, que por una regla burocrática y vertical de evaluación, hayan sido estigmatizados como no aptos para ejercer un derecho que bajo todos los estándares legales han obtenido.
Considero pues, que si de reprobar se trata, el primero sería el Estado que en este caso no sólo los prepara, sino los patrocina y ahora en un acto de selección absurda los rechaza, exhibiendo así su debilidad y confundiendo a la vez un acto de injusticia con uno de incapacidad. Si reprobar es la regla, entonces debe empezar por el gobierno federal que la impuso.
Porque el combate a la corrupción no debe ser pretexto para cometer injusticias, como las que contemplaba “la mal llamada reforma educativa”, que afortunadamente el presidente la derogó para que el magisterio no fuera despedido de su empleo, pero desafortunadamente su acción se demerita, cuando permite a sus operadores que ahora las utilicen para tapar la entrada a los que dice querer, respetar y defender.
El presidente sabe que un examen no es la panacea para ser buen docente y las evidencias no mienten cuando los resultados de Carrera Magisterial, dejaron constancia del alto beneficio individual que obtuvieron los evaluados, mas no así el aprendizaje de los alumnos que era el objetivo a lograr.
La Carrera Magisterial llenó los bolsillos de los agraciados, pero siguió dejando vacío el plan que con ella pretendía llenarse. El fracaso estrepitoso que generó el gasto multimillonario, comprobó que el arsenal de exámenes sólo sirvió para incrementar las fortunas de los hábiles y frustró las expectativas de los políticos y de los pretendidos expertos, quienes obviamente se encontraban muy lejos de la praxis educativa.
Creo que nadie discute que se debe evaluar, pero la experiencia que en torno a ella hemos vivido, no ha resuelto los problemas educativos. Por eso pienso que este momento es una excelente oportunidad para que las autoridades educativas locales, dejen a un lado la regla de la tablita y reflexionen sobre las intenciones no ocultas, sino abiertas de la evaluación en cualquiera de los escenarios que se aplica.
La intención ha sido siempre evaluar a los maestros para poder correrlos. Aunque formalmente se hable de la calidad de un buen docente, en realidad el tema central es que la evaluación habilita al gobierno para despedir profesores y en el caso particular que nos ocupa para detener su ingreso.
Ante dicha situación considero que debe entrar a la mesa del debate, una forma más equilibrada de llevar las cosas, en particular el caso de los egresados de la Normal de Aguilera, donde de tajo la línea central, deje de ser el juez de hierro y los docentes en conflicto, la estopa para limpiar la herrumbre que se ha acumulado en los engranajes de sus equivocaciones.
En esa dirección, es necesario tener en cuenta que el campo de la evaluación de docentes se ha caracterizado por su punidad y desorden. La tarea es compleja. La omnipresencia que se le ha otorgado y la diversidad de estrategias que implica, hacen difícil su comprensión. Por ello se ha apuntado que una evaluación equivocada puede deteriorar un propósito y ocasionar perjuicios irreversibles de los que nadie se hace responsable
En este sentido, uno de los problemas fundamentales de la evaluación de ingreso a los nuevos docentes, pienso que no se han generado los consensos necesarios. Escuchar a los otros e incluir sus planteamientos, permitiría que las decisiones burocráticas y verticales, puedan aspirar a una mayor legitimidad y revertir de forma democrática los excesos unilaterales que llevan al estado a su autoreprobación.
