/ martes 1 de diciembre de 2020

Orientar, no multar

Los que se ‘rasgan las vestiduras’, al exigir que se impongan multas económicas a quienes no usen el cubrebocas, se hacen de la vista gorda sobre escenario de crisis y estrés social que vive la población a consecuencia de la pandemia.

En lugar de plantear medidas acompañadas de sanciones, que afectarían la ya de por si precaria economía de familias en condiciones de vulnerabilidad, “estos gobiernistas” deberían ser coherentes con el rol que juegan, y coadyuvar con las autoridades para convencer sobre la necesidad de portar el cubrebocas, y con ello inhibir la transmisión de infecciones.

Sin ninguna muestra de empatía, tal vez porque ignoran los nocivos efectos de la emergencia sanitaria en la economía, y que agranda los índices de pobreza, los detractores a la ley aprobada por la Legislatura local, critican que no se hayan incluido multas económicas a los infractores y exigen modificaciones al precepto.

Es una forma de esconder su inacción frente a la contingencia, que demanda la participación propositiva de los diversos sectores de la sociedad, como son, por ejemplo, los organismos intermedios, para que coadyuven con el gobierno a garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional de protección a la salud.

Los diputados ya hicieron parte de la tarea que tiene como objetivo prevenir la transmisión del coronavirus, y ahora corresponde a las autoridades municipales, no solamente aplicar las reglas, sino llevar a cabo una intensa labor de orientación tendiente a persuadir a la población, pero sobre todo a quienes se muestran indiferentes, para que cumplan con las disposiciones, entre las que destaca lucir el cubrebocas.

El complejo panorama demanda corresponsabilidad de la gente para cumplir con la guía, y sin embargo, debe existir el entendido de que hay miles de familias que carecen del sustento económico hasta para alimentarse, y por ende no podrían adquirir el material a que están obligados llevar.

Aquí es donde entra la actuación propositiva de organismos intermedios para coadyuvar con las autoridades, y a la vez que repartir cubrebocas, orientar para que sea utilizado. Este ejercicio se puede replicar en sindicatos, empresas de autoservicio, dependencias públicas, y hasta en colonias.

La desesperación social va en aumento, y tratar de imponer reglas coercitivas que afecten el bolsillo de los ciudadanos, es contraproducente. Hay que encontrar el equilibrio en las disposiciones y la corresponsabilidad de todos.

El semáforo epidemiológico, que en Durango es rojo, podría alargarse más allá del 7 de diciembre, en caso de que persista la movilidad y el incumplimiento en las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias para contener la propagación del Covid 19.

Las restricciones tienen impacto devastador en la economía, por lo que es responsabilidad compartida de todos los duranguenses, disminuir la transmisión de las infecciones y esperar que llegue lo más rápido posible la vacuna. El gobierno tiene la palabra.

Los que se ‘rasgan las vestiduras’, al exigir que se impongan multas económicas a quienes no usen el cubrebocas, se hacen de la vista gorda sobre escenario de crisis y estrés social que vive la población a consecuencia de la pandemia.

En lugar de plantear medidas acompañadas de sanciones, que afectarían la ya de por si precaria economía de familias en condiciones de vulnerabilidad, “estos gobiernistas” deberían ser coherentes con el rol que juegan, y coadyuvar con las autoridades para convencer sobre la necesidad de portar el cubrebocas, y con ello inhibir la transmisión de infecciones.

Sin ninguna muestra de empatía, tal vez porque ignoran los nocivos efectos de la emergencia sanitaria en la economía, y que agranda los índices de pobreza, los detractores a la ley aprobada por la Legislatura local, critican que no se hayan incluido multas económicas a los infractores y exigen modificaciones al precepto.

Es una forma de esconder su inacción frente a la contingencia, que demanda la participación propositiva de los diversos sectores de la sociedad, como son, por ejemplo, los organismos intermedios, para que coadyuven con el gobierno a garantizar a los ciudadanos el derecho constitucional de protección a la salud.

Los diputados ya hicieron parte de la tarea que tiene como objetivo prevenir la transmisión del coronavirus, y ahora corresponde a las autoridades municipales, no solamente aplicar las reglas, sino llevar a cabo una intensa labor de orientación tendiente a persuadir a la población, pero sobre todo a quienes se muestran indiferentes, para que cumplan con las disposiciones, entre las que destaca lucir el cubrebocas.

El complejo panorama demanda corresponsabilidad de la gente para cumplir con la guía, y sin embargo, debe existir el entendido de que hay miles de familias que carecen del sustento económico hasta para alimentarse, y por ende no podrían adquirir el material a que están obligados llevar.

Aquí es donde entra la actuación propositiva de organismos intermedios para coadyuvar con las autoridades, y a la vez que repartir cubrebocas, orientar para que sea utilizado. Este ejercicio se puede replicar en sindicatos, empresas de autoservicio, dependencias públicas, y hasta en colonias.

La desesperación social va en aumento, y tratar de imponer reglas coercitivas que afecten el bolsillo de los ciudadanos, es contraproducente. Hay que encontrar el equilibrio en las disposiciones y la corresponsabilidad de todos.

El semáforo epidemiológico, que en Durango es rojo, podría alargarse más allá del 7 de diciembre, en caso de que persista la movilidad y el incumplimiento en las medidas que recomiendan las autoridades sanitarias para contener la propagación del Covid 19.

Las restricciones tienen impacto devastador en la economía, por lo que es responsabilidad compartida de todos los duranguenses, disminuir la transmisión de las infecciones y esperar que llegue lo más rápido posible la vacuna. El gobierno tiene la palabra.