Dirigentes ancestrales y caducos de los sindicatos de transportistas, no admiten una zarandeada real al servicio público que prestan sus agremiados, que conlleva el ingreso al mercado de plataformas digitales como Uber, porque se les acabaría la “minita de oro” que les representa “luchar” por los intereses de miles de trabajadores del volante, quienes sin prestaciones de seguridad social, aceptan condiciones laborales adversas con tal de llevar un sustento económico a sus familias, y sin convicción de dar una atención adecuada, cometen todo tipo de atropellos contra los usuarios.
La llegada de “foráneos” con licencia federal para prestar servicios de transporte público, obligaría a las uniones de transportistas locales a mejorar el servicio que prestan si quieren competir en el mercado duranguense que siempre han controlado y hasta administrado en contubernio con autoridades.
Pero aquí también entraría otro eslabón en la cadena del círculo vicioso de irregularidades que permea el servicio de transporte público en Durango, que son los empleados de la dependencia que regula la operación en la prestación, con la representación oficial de la parte que otorga la concesión, sobre todo en lo que se refiere a la complicidad en la compraventa indiscriminada de “placas” para permisionarios, y el “hacerse de la vista gorda” en los vehículos piratas al servicio del crimen organizado.
Y es que ya es del dominio público que también se utiliza a unidades del servicio público de transporte, para el halconeo y distribución de droga en puntos estratégicos, sin el menor recato y con ostentación de impunidad en las diferentes colonias de Durango.
Y los gobiernos como titulares de la concesión del servicio de transporte que están obligados a ofrecer a la población, por cuestiones políticas, se han convertido en cómplices de líderes sindicales corruptos, con tal de capitalizar la situación en votos electorales para mantenerse o arribar al poder.
El usuario es quien paga las consecuencias de tal anomalía, al sufrir a diario los embates de transportistas que violentan impunemente la ley vial, al estar seguros de que sus dirigentes les condonarán las multas en caso de que los “pesquen infraganti”, o ellos mismos maicean a los inspectores para que no los infraccionen.
La nueva Ley de Transportes, apenas en etapa de anteproyecto en el Congreso del Estado, para consultar a los sectores involucrados, pretende terminar con arraigada corrupción en la relación de gobierno-concesionarios, y empezar a ordenar y obligar que se acate el marco normativo realmente, de acuerdo a las necesidades del servicio público, que en las condiciones de estos días deja mucho que desear en cuanto a calidad, calidez, e incluso costo, en relación con otras entidades.
La modernización del marco jurídico es impulsado por la bancada de Morena en el Congreso local, con la intención de erradicar vicios que se han traducido en servicio deficiente, como por ejemplo unidades en mal estado y hasta insalubres, choferes sucios, mal vestidos, agresivos y prepotentes que no se tientan el corazón para maltratar a personas en condiciones vulnerables como los adultos mayores, discapacitados y hasta estudiantes.
Los eternos líderes de quienes trabajan en la prestación del servicio público de transporte, no deben mal informar a sus agremiados sobre la llegada de competencia, y en lugar de azuzarlos en contra, lo que deben es organizarlos mejor, capacitarlos de tal manera que los usuarios queden complacidos con la forma en que se les atiende.
El nuevo ordenamiento jurídico, que pretende enriquecerse con aportaciones de especialistas, de los mismos sindicatos de transportistas y de la sociedad en general, buscará regular la movilidad urbana, factor indispensable para la modernización de las ciudades.
También contempla dar claridad a los derechos y obligaciones de los usuarios, que en muchos casos son responsables de “motivar” a los choferes para que se comporten de manera agresiva.
Los legisladores que promueven la iniciativa, ven de manera positiva el arribo de competencia, aunque también consideran que al igual que los transportistas locales, deberán someterse a las reglas imperantes, para lo cual proponen que se plasme en la norma “que se cocina”.
