En varias ocasiones el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insistentemente ha declarado que no queda otra salida más que federalizar la educación, dados los grandes problemas que genera la inequidad entre maestros federales y estatales.
De ahí la urgencia, según las palabras del primer mandatario: fusionar ambos subsistemas para que en lo sucesivo haya un solo sistema educativo.
El presidente conoce perfectamente las inquietudes del magisterio y no es ajeno a las manifestaciones y plantones que protagonizan en los diferentes estados, donde de forma radical reclaman derechos y compromisos no cumplidos por los gobiernos de los Estados. Situación que ha generado en las entidades federativas del sur, bloqueos a las diferentes vías de comunicación y aunque en el norte también existen grandes problemas, pero los maestros exigen menos aunque les deban más. Y para ejemplo ahí está el problema de los quinquenios, donde los líderes charros no le entran porque el contexto legal que lo sustentaba ellos mismos contribuyeron para que se derogara.
La visión de AMLO en este propósito, sin duda que se fundamenta también en el sinfín de quejas y reclamos que ha recibido de los mismos gobernadores, quienes en su mayoría han manifestado su deseo y disposición de entregar a la Federación la responsabilidad que por muchísimos años han tenido en el ramo educativo, donde a decir de algunos en específico, que el pago de salarios y prestaciones al Magisterio cada año los mete en severos problemas, pese al apoyo económico que el gobierno federal aporta.
Aquí en Durango, el gobernador expondría que la nómina es demasiado gruesa por la infinidad de compromisos que el ejecutivo estatal adquiere, con aquellos liderazgos que le hacen manita de puerco y lo obligan a negociar en corto, con plazas docentes y administrativas para sus seguidores y así hacer crecer el coto de poder, que utilizan a cada instante para chantajear y poner de rodillas al gobierno, con la eterna exigencia del “daca y daca”.
Ahí habría un impacto favorable hacia las arcas del presupuesto, ya que esas fuerzas mezquinas que a la mala han hecho negocio con la educación, entrarían en serios problemas, sobre todo con aquellos proyectos que al troche moche plantean, y que los gobiernos estatales sin ninguna regla que norme absolutamente nada, les dan luz verde con el pretexto de la gobernabilidad, a cargo de los impuestos que pagamos los ciudadanos para que un mundo de vivales vivan como reyes a nuestras costillas.
En el aspecto administrativo, el impacto sería similar al planteado en el párrafo anterior, ya que lo que concierne a nuestro Estado, prevalece la doble infraestructura, pese a que se desempeñan en el mismo edificio, pero los espacios e investiduras se manejan por separado, implicando doble gasto en lo económico y una duplicidad escandalosa en los recursos humanos. De ahí que al instaurarse la federalización se fusionarían dichas áreas, tendiendo a reducir el gasto y a eficientar el servicio educativo.
Además se abriría la oportunidad de hacer una revisión en serio a toda la estructura, porque es ahí donde aún prevalece la corrupción disimulada con organismos de contraloría y transparencia, pero que ambas operan bajo la consigna del esquema jurídico burocrático, que consiste en archivar las anomalías y en casos extremos, sólo cambiar de lugar a los que incurren en ellas, sin que sean motivo de sanción ni de responsabilidad de los malos manejos.
Otra irregularidad flagrante, es que la dependencia educativa está convertida en área de oportunidad para los hijos de los políticos que pertenecen al grupo actual en el poder. De ahí que la presencia de los niños bien contamine el área por todos lados, con el único objetivo de cobrar salarios altísimos, que sonrojan la tez de las autoridades y riñen con la austeridad republicana. Situación que no ruboriza a los que presionan al gobernador, para que sus junior´s armen la élite de la casta dorada educativa y se sientan cómodos y seguros en la jauja de los programas federales, porque ahí es donde está la lana.
Desde luego que esta situación no es nueva, es una cultura que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ya que los intereses la han convertido en un reducto de colocaciones que se dedica al pago de facturas políticas, poniendo en entredicho a las actuales autoridades educativas y sin la mínima facultad de nombrar a alguien que sea de su confianza o afín a su responsabilidad.
Pero entremos a lo más escabroso de este tema, que sin duda es la cuestión sindical. ¿Cómo le haría AMLO para las dos secciones que particularmente existen aquí en Durango? Y la cuestión obedece a que ambas manejan intereses muy diferentes y que dada la idea de la federalización los que ya pertenecen a ésta, sin duda que dicho esquema arroparía a la del Estado; implicando esto la superación de diferencias y a ajustarse a un solo patrón de prestaciones.
Ante dicho panorama se avizora una complicación de gestión por parte de las secciones sindicales; suponiendo que ambas sigan subsistiendo, ya que eso sería pecata minuta ante el impacto negativo que sufrirían los trabajadores del Estado, ya que corren algunos riesgos en el haber de algunas de sus prestaciones, salvo que exista una negociación maestra, que salve de cualquier lesión sus intereses.
Las prestaciones que implica la federalización, anularían las actuales que usufructúan los trabajadores del Estado. Y para ejemplo bastaría mencionar su incorporación al ISSSTE, donde dejaría de lado el funcionamiento de la Dirección de Pensiones, donde si existen salarios especiales en el renglón de la jubilaciones, cuyos montos en algunos casos los han costeado los trabajadores y otros se los han agandallado, como es el caso de exfuncionarios que han aventurado por el contexto de los gabinetes gubernamentales.
Además existe una jugosa cantidad que se entrega a todos los trabajadores con motivo de fin de año, equivalente a 90 días; obligación que el ISSSTE no contempla para los jubilados federalizados
Otra prestación que dejarían de recibir los trabajadores del Estado, sería la Incapacidad Total y Permanente (ITP), aunque manoseada y prostituida por los médicos del ISSSTE y líderes sindicales, no deja de ser un beneficio para los que realmente la necesitan. Repito: realmente la necesitan, porque hay un número importante que cuando se las otorgaron no las necesitaban.
Pero existe otro paraíso que los dirigentes pelean a muerte y es el Fondo de la Vivienda (FOVI) cuya mina de oro se la reparten como vulgar botín de guerra cada cuatro años. A donde cada grupo envía sus personeros a los principales cargos, para mantener el control y que éstos se enriquezcan a manos llenas, dado que es inocultable las inmensas riquezas que poseen, producto de las pillerías y transas de que hacen víctima a la institución, que dejaría de ser el gran negocio, porque el ISSSTE, también contempla el rubro de la vivienda y éste no ofrece moches como las constructoras con que tratan nuestros dirigentes.
