El escenario electoral para el árbitro de la contienda de junio próximo, luce complicado al tener que sancionar impugnaciones extraordinarias sobre situaciones controversiales que se han registrado al interior de los partidos políticos participantes.
Lo más sencillo sería aplicar el marco jurídico vigente, que sin embargo, como siempre sucede, en esta ocasión también se presta a interpretaciones de todo tipo por lagunas en la normatividad, que afloran por los cambios naturales en los entornos social, político y económico, pero que siempre los “juristas” más vivos las capitalizan a su interés.
Esto provoca que el “réferi de la pelea”, se distraiga del calendario estipulado, para concentrarse en el análisis, discusión y sanción de manera colegiada, de las querellas formales que se promueven al calor de las justas, y que generan efervescencia sobre todo en la militancia partidista, pero que también le permiten a los electores tener elementos para evaluar a los competidores y con base en ello al final emitir el voto.
Lo que sucede en Morena Durango es un ejemplo claro de lo que antes fue el PRI como partido en el poder: Los zipizapes y zarandeadas soterradas y abiertas entre militantes y simpatizantes que aspiran a ocupar los espacios en disputa. Y al final les “caerá el veinte” de que hay estatutos y reglas internas y externas a las que tendrán que sujetarse para continuar en la por ahora alocada carrera política.
En tal contexto, fuentes oficiales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, confiaron que el representante legal de Morena ante ese organismo es Rosendo Salgado, a quien se reconoce la investidura como delegado en funciones de presidente en Durango.
Según señalaron, el Partido nunca notificó oficialmente y por los conductos formales los supuestos cambios, como la designación de Armando Navarro, por lo que inclusive, el representante morenista en el Consejo General del órgano electoral, sigue siendo Jesús Aguilar.
Lo anterior salió a colación por la polémica que generó el registro a última hora ante el IEyPC el pasado 21 de marzo, de la alianza electoral entre los partidos Del Trabajo, Verde Ecologista de México, y Movimiento de Regeneración Nacional, con la figura de “candidatura común”, para las elecciones de presidentes municipales en los 39 municipios de la entidad.
El hecho causó opiniones encontradas entre morenistas, ya que por un lado, el ¿fallido? dirigente Armando Navarro, salió a descalificar la inscripción de la asociación partidista ante el Instituto Electoral, incluso, para afirmar que en el Comité Ejecutivo Nacional no se tenía información al respecto. Y que una vez que se hicieran las aclaraciones pertinentes, habría consecuencias de acuerdo a los estatutos sancionados por los órganos internos del Partido.
Pero por el otro lado, se dijo que el registro fue legal. El dirigente estatal del PVEM, Gerardo Villarreal, afirmó que fue producto de un acuerdo entre los Comités Ejecutivos Nacionales de los tres partidos. Al registro lo acompañó el legislador petista Rigoberto Quiñones.
La diputada de Morena, Sandra Amaya, explicó en declaración a un medio impreso, que asistió para atestiguar la inscripción ante el IEyPC, sabedora de que era un acuerdo previo de su dirigencia nacional con los otros partidos.
Armando Navarro declaró en un noticiero vespertino de TV, vía telefónica desde la capital del país, el viernes 22, que se habría de investigar el supuesto registro de la asociación partidista, toda vez que no tenía conocimiento de que hubiera existido el aval del Comité Ejecutivo Nacional.
La clase política en Durango coincidió que el lagunero Navarro “fue chamaqueado”, por decir lo menos, ya que el verdadero dirigente estatal del Partido en el poder federal, promovió y ejecutó el registro de la candidatura común con el Verde y del Trabajo.
Navarro siempre externó a propios y extraños que no quería ir en candidatura común. El dilema sigue en el Partido en el Poder Federal, y lo cual puede ser aprovechado por otros competidores como el PRI y el PAN que ya eligieron a su respectivo candidato, Arturo Yáñez y Jorge Salum.
El mismo Navarro señaló que las encuestas seguían para definir candidato en Durango capital entre Otniel y Silvestre. Y al mismo tiempo circularon versiones de que el escenario cambiaría con la candidatura común, que se atribuía al mismísimo Alejandro González. Lo cierto es que no hay nada oficial aún.
El IEyPC tiene por lo pronto 5 días naturales para emitir una resolución de cumplimiento a los requisitos establecidos, sobre las solicitudes de candidaturas comunes, presentadas por el PRD y PAN por un lado, y el PVEM, PT y Morena por el otro, mientras que los solicitantes 48 horas a partir de iniciado el trámite de inscripción, para subsanar la documentación que les pudiese haber faltado.
Del 27 del mes en curso al tres de abril, será la etapa del registro oficial de los candidatos a Presidentes Municipales, ya que en el caso de Durango, Gómez Palacio y Lerdo, el inicio de las campañas de proselitismo es a partir del 10 del próximo mes. Ya no hay mucho tiempo para que se definan los procesos internos de los partidos políticos que faltan, como es el caso de Morena, PT y PVEM.
